¿Avanzamos o retrocedemos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres?

Haciendo un balance de la situación de los derechos humanos de las venezolanas a propósito del 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, vemos con preocupación  que el ejercicio pleno de nuestros derechos se aleja cada día más de la realidad. Y es que los programas sociales y de salud desarrollados en los últimos años han favorecido el que las mujeres se mantengan en los espacios privados, en sus hogares, dedicadas fundamentalmente a la maternidad y al cuidado de otros y otras, con acceso cada vez más restringido a su salud sexual y reproductiva, empoderamiento económico y político e incorporación al mercado laboral.

Esta realidad se ve claramente reflejada en el Índice de Desigualdad de Género (IDG) obtenido por nuestro país para el 2015, que con una puntuación 0,476; queda ubicado en el puesto 103, que es el peor lugar de la región, de acuerdo al Informe de Desarrollo Humano del PNUD[1]. Este Indice es obtenido a partir de tres indicadores fundamentales:1) tasa de embarazos adolescentes y muertes maternas; 2) participación política de las mujeres; y 3) brechas a nivel laboral entre hombres y mujeres.Y la situación en Venezuela es la siguiente:

Tenemos el mayor índice de embarazos adolescentes en Sur América, de acuerdo al Informe del Estado de la Población Mundial 2015 presentado por Naciones Unidas, que indica en  entre 1999 y 2014 la tasa embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años fue de 101 por cada mil, superando la tasa promedio de Latinoamérica y El Caribe estimada en 76 embarazos por cada mil adolescentes[2]. La mayoría de estas adolescentes provienen de sectores populares, rurales y zonas empobrecidas, para quienes el embarazo incrementa y  genera una reproducción intergeneracional de la pobreza.

La mortalidad materna desde el año 2013 se mantienen en altas cifras y en incremento, registrándose 406 muertes maternas al cierre de ese año, 432 al cierre del 2014 y 195 al cierre de junio del 2015, de acuerdo a los Boletines epidemiológicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud[3], se desconocen datos más recientes debido a que, a la fecha, no han sido debidamente publicados los boletines epidemiológicos del segundo semestre del 2015 y los del 2016. Es importante destacar, que aunque no se cuenta con cifras oficiales, se estima que el aborto inseguro está vinculado con un alto porcentaje de estas muertes maternas.

Si bien Naciones Unidas le ha recomendado al Estado venezolano abordar de manera efectiva y eficiente los problemas de mortalidad materna, aborto inseguro y embarazo adolescente; y el propio Estado venezolano ha aceptado tales recomendaciones y ha desarrollado un Plan Nacional para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos y un Programa de Maternidad Segura, Deseada y Feliz, ambos aprobados en marzo del 2015, las cifras indican que los mismos no han dado buenos resultados. Esta inefectividad tiene que ver con que  los planes y programas del Estado siguen manteniendo las concepciones populista, asistencialista y maternalista que tuvieran “Misiones sociales” que inaugurara el presidente Chávez en el 2003, y en el fondo,  antes que  permitir a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, las mantiene atrapadas las funciones reproductivas y de cuidado. Estos programas tampoco ha abordado la grave crisis del sistema de salud que se vive en el país, ni ha tomado medidas para la flexibilización de las normas que penalizan en aborto a fin de garantizar la salud y la vida de las mujeres.

Es importante destacar que, en febrero de este año, la nueva Asamblea Nacional venezolana decreta la situación de Crisis Humanitaria en el país[4] debido a: 1) grave situación de desabastecimiento de alimentos que alcanza a un 87% en varios productos de la canasta básica[5][6], 2) Insuficiencia de medicinas e insumos debido  la disminución de la dotación de un 92% de medicinas por parte del Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)[7], y 3) Deterioro de la infraestructura sanitaria. Este decreto de Crisis Humanitaria no ha sido aceptado y avalado por el gobierno nacional, cerrando la posibilidad de recibir medicamentos e insumos médicos de otros países y de evaluar los planes a corto y mediano plazo para la coordinación intersectorial y transectorial de la salud, y así poder construir en conjunto una agenda que evite que sigan muriendo venezolanos y venezolanas, por falta de insumos y medicamentos.

Esta crisis afecta gravemente a toda la población venezolana, pero en el caso de las mujeres: a) coarta sus derechos reproductivos al limitar las posibilidades de acceso a métodos anticonceptivos, que presentan un desabastecimiento del 85%, tal y como lo ha señalado el Presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela [8], situación que incide directamente en un aumento de embarazos en adolescentes y abortos inseguros asociados a embarazos no deseados, dejando a las mujeres con pocas posibilidades para tomar decisiones libres con respecto a su maternidad; b) coarta sus derechos sexuales, en tanto que el desabastecimiento de condones, que es similar al de métodos anticonceptivos, las coloca en mayor riesgo de infecciones de trasmisión sexual, entre las que se destaca el VIH/SIDA ; c)coarta su derecho a la salud y a la vida en tanto que se presenta una grave disminución del acceso a medicamentos para el cáncer de mama, que constituye nuestra principal causa de muerte en las mujeres[9]; d) exige una mayor dedicación de tiempo en las mujeres para la consecución de medicinas y alimentos para sus hogares, ya que se requiere hacer largas colas para comprar los productos de la canasta básica y/o visitar diferentes supermercados o farmacias en la búsqueda de los insumos requeridos, que no siempre son encontrados.

Por otra parte hay que resaltar que, muchos de los programas sociales dirigidos a las mujeres se han centrado en la transferencia de recursos, como medida para la superación de la pobreza por la vía del incremento de los ingresos económicos de las mujeres y los hogares; pero el problema con este tipo de programas es que no hace sostenible la superación de la pobreza, ya que en el momento en que cesa la transferencia de recursos, si no se han fortalecido áreas, la persona regresa a la situación de pobreza anterior. Que al parecer es lo que está ocurriendo en nuestro país.

Por tanto, es urgente la rectificación de las políticas públicas nacionales para que garanticen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se desarrollen políticas de cuidado eficientes y efectivas; y se promueva el trabajo decente para las mujeres y no la dependencia a las transferencias económicas del Estado, a fin de que la igualdad de derechos humanos para las mujeres sea una realidad.

 

[1] http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf

[2] http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_SP.pdf

[3] Boletines epidemiológicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud número 53 de los años 2013 y 2014, y número 26 del 2015

[4]http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_c454694fb4c5d9c0c052307a4a0d18c53d330925.pdf

[5] http://www.notilogia.com/2015/09/se-filtran-documentos-oficiales-con-las-verdaderas-cifras-de-desabastecimiento.html

[6] http://eltiempo.com.ve/venezuela/investigacion/asamblea-nacional-declara-crisis-humanitaria-por-falta-de-alimentos/210645

[7] http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/el-servicio-estatal-sefar-produjo-92-menos-medicamentos-que-en-2014

[8] http://www.noticiasbarquisimeto.com/2015/07/136569/el-desabastecimiento-de-anticonceptivos-supera-el-80/

[9] http://www.derechos.org.ve/2015/10/23/amnistia-venezuela-cancer-de-mama-es-la-primera-causa-de-muerte-en-mujeres-venezolanas/

 

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