La violencia sexual es una realidad a nivel mundial, está presente en tiempos de estabilidad y se intensifica durante las crisis humanitarias como producto de las desigualdades de género y de las distintas formas de discriminación que sufren las mujeres y niñas en ese contexto específico.
En la actual emergencia compleja venezolana la población se encuentra en unas pésimas condiciones de vida, múltiples vulnerabilidades y escasos medios para cubrir las necesidades básicas, en la que buena parte de la población venezolana se convierte en “personas explotables”.
Esta condición de vulnerabilidad de toda la población, se combina con la debilidad institucional del Estado y con una cultura patriarcal de mercantilización de los cuerpos centrada en el placer sexual masculino y una visión de las mujeres y niñas como objetos sexuales lo que genera terreno fértil para el incremento de formas de violencia sexual vinculadas a la comercialización y/o al sexo como moneda de cambio; pero además, considerando que el conflicto político está en la base de la emergencia compleja venezolana, encontramos otras formas de violencia sexual ejercidas por grupos específicos de poder y que están vinculadas a la represión política.
Así, se identifican dos grandes dinámicas o grupos de violencia sexual en el contexto de emergencia compleja venezolana. Las primeras vinculadas a fines económicos que se aprovechan de la pobreza y vulnerabilidad de la población, sobre todo de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, y entran en la categoría de “Explotación sexual comercial”; y las segundas, con fines de controlar, intimidar y desmoralizar a las víctimas, fundamentalmente manifestantes y/o personas detenidas, se ubican en la categoría de “Violencia sexual por razones políticas”.
Los grupos más vulnerables la primera forma de violencia sexual identificada son:
- Niñas y adolescentes: la edad, el género y la situación de pobreza o condición social limitada.
- Niños, niñas y adolescentes en situación de calle: la edad, el género y la situación de calle, unidas a la desatención de las necesidades de salud y nutrición, la participación en actividades de subsistencia poco seguras y la dependencia de relaciones de explotación para satisfacer sus necesidades básicas, les colocan en situación de extrema vulnerabilidad.
- Mujer jefa de hogar: el género y la pobreza unidas a la erosión de estructuras habituales de apoyo y protección, tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas (y las de hijos, hijas y demás familiares bajo su jefatura), así como la participación en actividades de subsistencia poco seguras las convierten en altamente vulnerables a la explotación sexual comercial.
- Mujeres y niñas indígenas: son vulnerables debido a la situación de pobreza, el estigma y el aislamiento social, el alto nivel de impunidad de los delitos de los que son víctimas, la falta de oportunidades y marginación debido a razones lingüísticas o culturales, y los obstáculos para ganarse el sustento.
- Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI): son vulnerables debido a la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, la participación en actividades de subsistencia poco seguras, la condición social limitada y los niveles elevados de impunidad de los delitos de los que son víctimas.
- Mujeres y hombres involucrados en prostitución forzada o coaccionada y niños/as víctimas de explotación sexual: la vulnerabilidad de esta población aumenta en situaciones de emergencia compleja.
Algunas zonas reportadas en los medios de comunicación donde se identifican con mayor frecuencia estas formas de violencia sexual son:
- En la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, en el sector Mercado Los Plataneros, se reportan casos de niñas y adolescentes explotadas sexualmente
- En La Guaira, estado Vargas, se identifican niñas y adolescentes explotadas sexualmente
- En la región fronteriza con el departamento Norte de Santander de Colombia, estado Táchira
- En diversos sectores de la ciudad de Caracas
- En las zonas mineras, específicamente en el Arco Minero del Orinoco, las mujeres, adolescentes y niñas indígenas son sometidas a diversas formas de explotación sexual
En cuanto a la violencia sexual por razones políticas, se encuentra que:
- De acuerdo al informe elaborado por el Foro Penal venezolano y Human Rights Watch (2017), en el que documentan 88 casos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos entre abril y septiembre de 2017, en Venezuela existe una política destinada a reprimir el disenso político y frenar las manifestaciones infundiendo temor en la población. En el informe señalan que 53 de las 88 personas detenidas (casos documentados) fueron sometidas a abusos físicos y psicológicos, que son constitutivos de tortura e incluyen: descargas eléctricas; golpizas brutales; ser colgadas en posiciones incómodas y forzadas; privación del sueño; asfixia; abuso sexual, que en algunos casos incluyó violación.
- AVESA (2017) realizó un seguimiento a los casos de violencia sexual en contra de manifestantes y/o personas detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado entre el 1ro de abril y el 11 de julio, y encontró un total de 6 noticias sobre delitos sexuales, con 25 víctimas, 14 mujeres (56%) y 11 hombres (44%).
Ahora bien, es preciso señalar que la respuesta institucional del Estado venezolano ante la violencia sexual ya era precaria antes de la emergencia compleja, y ahora es mucho peor, debido a la no recepción de las denuncias por parte de los órganos receptores y la consecuencia directa que genera una búsqueda de mecanismos individuales de protección por parte de las víctimas y sus familiares al considerar que las instituciones del Estado no están brindando la respuesta adecuada.
Los casos más denunciados son aquellos en los que las víctimas son niños, niñas o adolescentes, quizás por un mejor funcionamiento del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; no obstante, los casos son recibidos 4 o 5 meses después de haber ocurrido la violencia sexual y no está implementado un protocolo de atención médica. Los casos más invisibles son los de las personas LGBTI, sus denuncias caen en un vacío, no tienen respuesta, la violencia sexual a la que están expuestos y expuestas ni siquiera es reconocida como delito, sino más bien como un “merecido castigo” por su orientación sexual o su identidad de género.
Los niveles de impunidad de los casos de violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, son bochornosos, no existe un Plan Nacional en Violencia contra la Mujer ni en materia de Violencia sexual. La prostitución es vista como opción válida para afrontar la crisis. Las redes de explotación parecieran estar difuminadas y no siempre se identifica un “captador”, hay más bien una información de “boca en boca” como parte de una estructura informal de captación.
En la Emergencia Compleja venezolana, la violencia sexual subsiste a sus anchas en el entramado social que le brinda la cultura patriarcal y ante la ausencia de una institucionalidad efectiva.
Magdymar León Torrealba
Trabajo completo en Violencia sexual en la ECV