LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE NECESITAN PROTECCIÓN INMEDIATA

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que suscribimos el siguiente comunicado, varias de ellas con extensa trayectoria en la atención de niños, niñas y adolescentes que no cuentan con la protección de sus padres y familiares, nos hemos articulado para pronunciarnos ante la opinión pública en relación al contenido del reportaje publicado el día 27 de marzo de 2018, por el medio de comunicación digital El Nuevo Herald (@elnuevoherald), denominado “Pandillas de niños usan armas para asegurar la comida que dejan en la basura de Caracas” y firmado por Eduardo Freisler. Adicionalmente, el mencionado artículo fue replicado por otros medios de comunicación, los cuales utilizaron títulos como “En Caracas niños usan armas para resguardar la comida que hay en la basura” y “Caramelo, jefa de la pandilla que gobiernan los basureros de Chacao”, de manera que, tanto otros medios de comunicación social como -tuiteros- aprovecharon el contenido de la nota para reseñar al grupo de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle en el municipio Chacao del estado Miranda.
En nuestra opinión, el artículo llama la atención sobre un solo asunto que al parecer alertó a su autor, y es el relativo a la presencia de niños que habitan en la calle y que se protegen entre ellos de las pandillas y otros peligros que acechan en los basureros de Chacao y otras zonas del Distrito Capital. Al centrarse solo en este aspecto de las realidades asociadas a la condición de desprotección y violación de derechos que enfrentan estos niños, niñas y adolescentes, desafortunadamente el reportaje es parcial y su contenido puede ser tergiversado o utilizado para asociar con la delincuencia y el delito a esta población, la cual más bien es víctima de múltiples y reiteradas agresiones, violencia y vulneración de sus derechos. Saludamos que los medios de comunicación se interesen en visibilizar la realidad de la infancia que no cuenta con la protección de su familia, pero consideramos que hay preguntas centrales a las que no responde el artículo, entre las que se encuentran: ¿Cuál es la respuesta concreta en cuanto a políticas públicas del Estado venezolano para garantizar la protección debida a niños, niñas y adolescentes que pernoctan en las calles?, ¿qué situación de pobreza, escasez o carestía determina que un ser humano busque el alimento que necesita en los desperdicios arrojados a la basura?, ¿qué circunstancias suceden para que niñas, niños y adolescentes no sigan recibiendo cuidados por sus padres, madres y familiares?, ¿qué servicios y programas ofrece el Sistema de Protección a niñas, niños y adolescentes en esta condición a nivel nacional?, ¿cómo manejan los organismos de seguridad su relación con esta población?, ¿a dónde pueden acudir estos niños para denunciar la vulneración de sus derechos? y ¿qué mecanismos existen para procesar tales denuncias?
Los comunicadores sociales tienen la responsabilidad de garantizar la dimensión ética en su trabajo y sus acciones no pueden poner en riesgo la integridad de las niñas y los niños causándoles daños psicológicos, morales o físicos. Con base a la normativa legal vigente es importante advertir que el texto publicado incumplió con la obligación impuesta en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), al exponer datos personales de las niñas y los niños entrevistados y al presentarlos como sujetos peligrosos, capaces de usar armas y formar parte de bandas territoriales que amenazan a la comunidad, ya que, si éste fuese el caso, lo que corresponde es informar a las autoridades competentes para que se aseguren las medidas de protección y resguardo de la ciudadanía en general y de cada uno de estos niños y adolescentes en particular. La exposición al público de estas presunciones significa una ofensa a la reputación, imagen y honra a la que tienen derecho estas niñas y estos niños y adolescentes. Por lo anterior, es oportuno el momento para reiterar al Estado y a la sociedad que la condición de desprotección en la cual se encuentran los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, no disminuye su capacidad de exigir y gozar de derechos como cualquier otro ciudadano. Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle son Sujetos de Derechos y la sociedad está obligada a ser corresponsable en su protección. Así mismo, el Estado debe velar porque existan planes, políticas, programas, entidades y servicios personalizados y especializados, a nivel nacional, para que las y los menores de edad en situación de calle, desde un enfoque basado en los Derechos del Niño, tal y como lo establecen la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y la LOPNNA, puedan acceder a servicios básicos que les garanticen niveles de bienestar en lo relativo a salud, educación, recreación y deportes, entre otros. Además, el Estado venezolano debe velar porque el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes les ofrezca servicios especializados en la calle, en los que participen profesionales capacitados con un conocimiento sólido de la realidad que afronta esta población.
Conforme a lo antes expuesto:
1) Solicitamos al medio de comunicación social y al periodista responsable de la nota que el reportaje sea completado con un trabajo de investigación que analice en su complejidad el caso expuesto y que, con la consulta a expertos, dé respuesta a las interrogantes supra señaladas.
2) Exigimos de los Gobiernos Nacional, Estadal y Municipal, asumir con prioridad absoluta y desde el enfoque de derechos, el diseño inmediato de una política intersectorial, en cuya construcción participen las organizaciones sociales y comunitarias con experiencia en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, así como la asignación de recursos financieros y no financieros para la ejecución de esa política, en la que debe incluirse un componente de apoyo y fortalecimiento a familias vulnerables.
3) Ratificamos nuestra exhortación para que el Estado, con apoyo de las organizaciones sociales con experiencia en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, sensibilice y capacite a otros interesados que entren en contacto directo o indirecto con los menores de edad en situación de calle, como es el caso de los trabajadores del transporte, los representantes de los medios de comunicación social, los líderes comunitarios, espirituales y religiosos y los agentes del sector privado como centros comerciales, expendios de licores, clubes nocturnos y restaurantes, a quienes hay que alentar a que adopten en sus prácticas la garantía y el respeto a los Derechos del Niño.
4) Alentamos a la sociedad y a las familias a que, convertidos en un gran movimiento por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, exijamos la protección debida para este grupo vulnerable de la población venezolana.
Nota: La imagen que acompaña el presente comunicado fue tomada de la base de datos de Google y pertenece a una serie sobre trabajo callejero infantil hecha en Argentina (2007).
Suscriben el presente comunicado:
1. Acceso a la Justicia
2. Acción Solidaria
3. ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
4. Asamblea de Educación
5. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
6. Asociación Muchachos de la Calle
7. AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
8. Cátedra de la Paz
9. CECODAP
10. CENDIF-UNIMET
11. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
12. Centro de Animación Juvenil, Valera estado Trujillo
13. Centro de Apoyo Comunidad-Universidad, de la Universidad de Carabobo
14. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
15. Civilis Derechos Humanos
16. Coalición Clima21
17. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
18. Convite AC
19. Dale Letra
20. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
21. Fundación Ángeles de Calle
22. Fundación Hazlo Posible
23. Fundación Luz y Vida
24. Hogar Virgen de los Dolores
25. Humano Derecho Radio Estación
26. Instituto Investigaciones Jurídicas UCAB
27. Laboratorio de Paz
28. Misión Hogares de Cristo
29. Observatorio Venezolano de la Salud
30. Observatorio Venezolano de Violencia Escolar
31. Padres Organizados de Venezuela
32. Prepara Familia
33. PROADOPCIÓN
34. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
35. PROVEA
36. Proyecta Ciudadanía
37. Red de Casas Don Bosco
38. Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
39. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
40. Un Mundo Sin Mordaza
41. Una Ventana a la Libertad
42. Unidad de Psicología “Padre Luis Azagra S.J.” del Parque Social UCAB
43. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
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Mujeres al límite El peso de la Emergencia humanitaria: vulneración de los derechos humanos de las mujeres

El presente informe representa un esfuerzo colectivo de AVESA, CEPAZ, Mujeres en Línea y Freya por documentar la situación de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela de cara a la grave crisis económica, política, social y humanitaria por la que atraviesa el país. Por tratarse de un primer ensayo, hemos decidido centrarlo en tres grandes áreas severamente afectadas por la crisis y el serio déficit democrático en las instituciones venezolanas, a saber: salud, alimentación y violencia contra la mujer.

La elaboración de este informe se fundamentó en la revisión documental de fuentes oficiales y no oficiales, así como medios de comunicación. El acceso a información pública en materia de derechos de las mujeres, incluyendo presupuestos asignados y ejecutados, así como cifras relacionadas con problemáticas fundamentales como mortalidad materna, está estrictamente restringido. Y en aquellos casos en los que los datos están disponibles, algunos tienen uno, dos o hasta cinco años de antigüedad, como por ejemplo el Boletín de Género del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cuya versión más reciente data del año 2013.

Los datos disponibles, oficiales o no oficiales, casi nunca están desagregados por sexo, con lo cual se dificulta visualizar la situación particular de las mujeres. Ejemplo de ello son algunos boletines del INE cuyos datos no están desagregados por sexo, señalando que no existen diferencias estadísticas significativas. Igualmente, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborada por las 3 universidades más importantes del país, tampoco presenta datos de fundamental importancia desglosados por sexo.

Los hallazgos aquí presentados dan cuenta de cómo la crisis tiene un impacto desproporcionado y diferenciado sobre la vida de las mujeres, en un contexto donde el Estado venezolano ha optado por ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos. Desde la escasez de anticonceptivos e insumos de higiene menstrual, hasta los numerosos obstáculos existentes para su acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia machista, las mujeres enfrentan numerosos retos en el disfrute pleno de sus derechos más elementales sin que el Estado tome medidas efectivas al respecto.

Mientras la narrativa oficial se ha apropiado de la temática de igualdad de género, mostrándola como un área donde se han producido numerosos avances, la realidad de las mujeres no guarda relación con el mundo idílico que desde instancias gubernamentales se presenta. El desempleo y la pobreza aumenta vertiginosamente entre mujeres, y son ellas quienes mayoritariamente hacen colas por alimentos y recorren farmacias y hospitales en busca de atención y medicinas para ellas mismas y sus familias. Sí bien la adopción de medidas normativas y la creación de un marco institucional son pasos importantes en la garantía y protección de los derechos de las mujeres, en modo alguno son un fin en sí mismo y de poco sirven sí están vacías de contenido. En otras palabras, tener instituciones y leyes pioneras en materia de derechos de las mujeres es insuficiente si desde ellas, o a partir de ellas, no se emprenden acciones efectivas, acompañadas de recursos humanos y financieros que permitan su plena implementación.

Finalmente, quisiéramos agradecer a organizaciones e individualidades aliadas por el apoyo con cifras e información en la elaboración de este informe. En particular, las organizaciones Senosalud y Musas de Venezuela por los datos aportados sobre situaciones puntuales de salud en mujeres. También agradecemos a Susana Raffalli por su guía y apoyo en lo referente a la nutrición y alimentación desde una perspectiva de género. Y desde luego a la organización CIVILIS por su confianza y apoyo a nuestras organizaciones a fin de producir este trabajo.

Acá pueden consultar el informe completo  Mujeres al limite

POR LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CASO DEL PSICÓLOGO CARLOS ORTIZ MORA. Comunicado a la opinión pública y a las instituciones del Estado

El Estado venezolano ha tenido avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres durante los últimos años. La promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV) y la creación de diferentes instancias en el sistema de justicia del país, han favorecido el reconocimiento social de la violencia contra las mujeres como un delito que debe ser denunciado. No obstante, persisten una serie de fallas en materia de prevención y trabas en el acceso de las mujeres y adolescentes víctimas a la justicia y al restablecimiento de su dignidad, particularmente de aquellas que han sido objeto de violencia sexual. Estos obstáculos están vinculados a: la no respuesta, rápida, transparente y eficaz a la que están obligadas las instituciones del Estado, según el artículo 2, numeral 1, de la LODMVLV; la persistencia de mitos y falsas creencias en torno a la dinámica y las formas de violencia sexual en quienes deben brindar apoyo a  las víctimas y canalizar los casos; y, a un sistema de administración de justicia que en la práctica sigue revictimizando a las mujeres, con algunos profesionales que insisten en legitimar interpretaciones positivistas de la ley tendientes a preservar el “orden jurídico” por encima de los derechos de las víctimas de violencia sexual,  favoreciendo con estos ardides y tecnicismos a los perpetradores de delitos tan graves, con lo que se ocasiona un grave impacto en el proceso de recuperación de las víctimas y en su acceso a la justicia. Reconocemos el esfuerzo que se está haciendo desde las instituciones del Estado a los fines de erradicar toda forma de violencia, sin embargo, deben concretarse acciones contundentes para lograr la protección y seguridad de las víctimas de violencia sexual, así como procurar que la confianza y respuesta eficaz en nuestras instituciones, sigan siendo un objetivo importante en el camino a una vida libre de toda forma de violencia.

Es preciso recordar algunos casos emblemáticos de violencia sexual para ejemplificar estas trabas:

  • Caso Luis Carrera Almoina, hijo del Dr. Gustavo Carrera Damas, para ese momento Director de la Universidad Nacional Abierta, acusado en el 2001 de homicidio calificado en grado de frustración, violación, privación ilegítima de libertad, tortura y obstrucción de la justicia, en contra de Linda Loaiza López. Obtiene en sentencia absolutoria el 2004, luego de tres años de retardo procesal, con una muy cuestionada decisión de la magistrada Rosa Cádiz en la que la propia víctima resultó acusada de liderar una red de prostitución. Un segundo juicio es realizado en 2006, obteniéndose una condena a seis años y un mes de cárcel por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, desestimándose los cargos de homicidio calificado en grado de frustración y la violación sexual. El llamado “Monstruo de los Palos Grandes” se encuentra libre desde el 2007. El caso se encuentra en los actuales momentos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a la espera de justicia.
  • Caso Edmundo Chirinos, médico psiquiatra, psicólogo, exrector de la Universidad Central de Venezuela y excandidato presidencial, acusado en el 2008 de homicidio intencional en contra de Roxana Vargas. Dentro del proceso de investigación se identifican 1.200 fotos de pacientes de mujeres desnudas que fueron abusadas sexualmente por el médico psiquiatra en su propio consultorio. Chirinos fue sentenciado a 20 años de prisión, encontrándolo culpable del delito de homicidio culposo, los delitos sexuales fueron desestimados. En el caso de Chirinos no fue posible conocer el número exacto de víctimas sexuales. Previo a la denuncia por el caso de Roxana Vargas sus delitos sexuales no eran reconocidos como tales por la comunidad académica, gremial y política del país. Podemos presumir que algunas de las victimas buscaron ayuda pero sus solicitudes no fueron debidamente escuchadas.
  • Caso Manuel Arias, médico ginecólogo, exdirector del Servicio de Adolescentes de la Maternidad Concepción Palacios y exmiembro de la Directiva de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, acusado en el 2013 de acto carnal con victima especialmente vulnerable en contra de una adolescente de 17 años, siendo sentenciado a 15 años. Sin embargo, en los actuales momentos se encuentra fuera de prisión, por haber sido beneficiado desde diciembre 2016 con medida sustitutiva de privación de libertad (contraviniendo la Sentencia de la Sala Constitucional Nro. 14-0130 del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual las personas sentenciadas por este tipo de delito no pueden beneficiarse de estas medidas) y a la espera de un nuevo juicio por recurso de casación, amparándose en tecnicismos legales que le han favorecido.

Este año estamos ante un nuevo caso, el del psicólogo Carlos Alberto Ortiz Mora, profesor de prestigiosas universidades del país -Universidad Central de Venezuela, Universidad José María Vargas y Universidad Católica Andrés Bello-, jefe de la División de Evaluación y Diagnóstico Mental Forense del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz; quien es denunciado ante el Ministerio Público en junio del 2017 por violencia sexual en contra de una adolescente de 17 años. Se conoce que dentro del proceso de investigación se han identificado otras víctimas, adolescentes y mujeres, que han sido sus alumnas y pacientes, de las cuales tres se han sumado a la denuncia. Estamos en el caso en el cual, un nuevo profesional ubicado en una posición de prestigio académico e institucional, es denunciado por violencia sexual en contra de varias víctimas.

Ante este nuevo caso emblemático, las personas, agrupaciones, colectivos de mujeres, así como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes y de derechos humanos abajo firmantes, reiteramos lo siguiente:

  1. La violencia sexual constituye una vulneración de derechos y una ofensa a la dignidad humana que demuestra la relación de poder históricamente desigual entre hombres y mujeres.
  2. La violencia sexual es un delito que debe ser debidamente sancionado y rechazado por todos los sectores de la sociedad.
  3. Los delitos de violencia sexual tipificados en la LODMVLV pueden ser denunciados por la víctima, pero también por cualquier persona o institución que esté en conocimiento de los hechos. El Ministerio Público es la institución calificada para llevar a cabo el proceso de investigación, de manera que no es preciso que ninguna persona o institución determine la ocurrencia o no del delito. Determinar la veracidad o no de los hechos denunciados es potestad del Sistema de Justicia.
  4. Cualquier institución pública o privada que conozca o sea informada de algún tipo de delito sexual deberá canalizar y acompañar a la víctima en la presentación de la denuncia ante los organismos competentes. Así como prestar todo su apoyo al sistema de justicia para el esclarecimiento de los hechos.
  5. Toda persona es inocente hasta tanto se determine su culpabilidad; así mismo, se presume la buena fe de quien coloca una denuncia. Ambas premisas son válidas en los casos de violencia sexual. Así, partiendo de la presunción de la buena fe de quien denuncia violencia sexual, es preciso canalizar la respectiva denuncia ante los órganos receptores. Nuestra valoración o creencias personales sobre la violencia sexual deben mantenerse al margen.
  6. Es necesario adoptar mecanismos eficaces para colocar en los órganos receptores de denuncias personas que estén realmente concientizadas, con las herramientas teóricas y prácticas para la desconstrucción del patriarcado que es la única manera que nos llevará a una vida libre de toda forma de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes. Además se requiere crear servicios de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual adaptados a sus necesidades, como servicios forenses o de policía.
  7. Es imperante que todas las instituciones de salud, públicas y privadas, revisen y ajusten sus mecanismos de prevención, detección y atención de delitos sexuales, así como los procedimientos de acompañamiento a las víctimas de violencia sexual, ajustados al ordenamiento jurídico nacional y den respuesta a las necesidades de atención médica, psicológica y social de las personas afectadas y sus familiares. Es igualmente necesario que se tomen medidas especiales de evaluación (inicial y periódica) de quienes tengan a su cargo la atención de víctimas de violencia sexual, y extremar esas precauciones en los servicios que sean dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
  8. Es preciso que las instituciones gremiales desarrollen mecanismos de prevención, detección, investigación y sanción de profesionales agremiados que estén siendo sometidos a investigaciones, procesados o juzgados por delitos sexuales, particularmente cuando estos son cometidos en el ejercicio de sus funciones, tal y como como ha ocurrido en los casos emblemáticos ya señalados. Toda vez que, la presunción de inocencia tiene rango constitucional y deben garantizarse todos los derechos humanos y garantías procesales del profesional o agremiado procesado, consideramos que la ética y la responsabilidad profesional no puede estar supeditada a la demostración de un hecho punible, porque precisamente ampararse en tal justificación es un “acto omisivo” que genera impunidad y como profesionales agremiados no podemos permitir ser “cómplices por omisión” ya que la protección y acompañamiento a las victimas también tiene rango constitucional.
  9. Exhortamos a la Universidad Central de Venezuela, específicamente la Escuela de Psicología donde fue denunciado el profesor Carlos Ortiz Mora, para que actualicen sus procedimientos internos de carácter administrativo a los fines de dar respuesta a las estudiantes o estudiantes que denuncien la comisión de delitos y vulneración de sus derechos humanos, y fortalezcan los servicios de prevención, atención, acompañamiento, protección, seguridad; y si es preciso la defensa jurídica a las victimas dentro y fuera de sus instalaciones o con motivo del acto educativo. Consideramos que la respuesta de repudio debe ser contundente en todos los niveles de gobierno universitario.
  10. Exhortamos al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), para que evalúe y haga seguimiento al personal a su cargo y genere mecanismos de erradicación de la violencia en todas sus formas en el servicio que presta. Y expresamos la honda preocupación que nos genera el que en esta institución haya sido separada de su cargo una persona por colaborar con la investigación del CICPC ante este caso.
  11. Exhortamos al Tribunal Supremo de Justicia, en su comisión Nacional de Justicia de Género, para que haga valer la selección y formación adecuada del personal que labora en los Tribunales especializados de Violencia contra las Mujeres, y que establezca mecanismos eficaces para cumplir con la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las Mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y con nuestra normativa. Todo esto con miras a que nuestras sentencias judiciales vindiquen y reivindiquen el derecho a una vida libre de violencia de nuestras mujeres y adolescentes víctimas.
  12. Nos solidarizamos con el personal de salud, del sistema de administración de justicia, de la Institucionalidad de las mujeres en todos los niveles de gobierno, y de las organizaciones de la sociedad civil que todos los días hacen un esfuerzo por hacer cumplir las leyes y normas, haciendo la desconstrucción del patriarcado, desmontando mitos y falsas creencias inoculadas por ese sistema sociocultural, en función de prevenir, atender, recuperar y erradicar la violencia sexual en todas sus formas, como una manera de lograr la igualdad entre las personas.
  13. Desde la sororidad, abrazamos amorosamente a todas las víctimas de violencia sexual sin ningún tipo de distinción. Están presente en nuestra lucha feminista y cuenten con nuestro activismo, para lograr que sean dignificadas y su voz sea escuchada en todas las instancias.

Finalmente, nos solidarizamos y brindamos todo el apoyo a las mujeres y adolescentes que están al frente de la denuncia en contra del psicólogo Carlos Ortiz Mora. Ofrecemos también nuestro apoyo a otras posibles víctimas que hasta ahora se hayan sentido temerosas de declarar, o presionadas para no hacerlo. Estaremos vigilantes al proceso que desde el sistema de justicia se ha emprendido y no descansaremos hasta ver justicia y sentar precedentes importantes en pro de la dignidad de las mujeres y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Agrupaciones, Colectivos y Organizaciones:

  1. Acción Ciudadana Contra el SIDA – ACCSI
  2. Aliadas en Cadena
  3. Asociación Civil de Planificación Familiar – PLAFAM
  4. Asociación Civil Generación en Red
  5. Asociación Civil Centro de Desarrollo Integral Sucre
  6. Asociación Civil Saber es Poder – ASOSABER
  7. Asociación Civil Oportunidad – Oportunidad AC
  8. Asociación Larense de Planificación Familiar – ALAPLAF
  9. ASOVILUZ
  10. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa – AVESA
  11. Centro de Estudios de la Mujer UCV
  12. Centro Hispanoamericano para la Mujer FREYA
  13. Centro Justicia y Paz – CEPAZ
  14. Confluencia de Mujeres para la Acción Pública – Colombia
  15. Colectiva de Batucada Manada Roja
  16. Colectivo Feminista por el Derecho al Placer – Bunke Placer
  17. Colectivo La Nueva Casika
  18. Colectivo Tinta Violeta
  19. Colegio de Psicólogos del Estado Miranda
  20. Cosecha Feminista Cimarrón
  21. Ejército Comunicacional de Liberación
  22. Equivalencias en Acción
  23. GUNDRECI
  24. Federación Latinoamericana de Abogadas
  25. Fundación Vida Jurídica “Diyuly Chourio”
  26. FUNDAMUJER
  27. Juventud Unida en Acción
  28. Laboratorio de Ecología Política – Centro de Estudios de la Ciencia – IVIC
  29. Las Comadres Púrpuras
  30. Las Hijas de Eva
  31. Médicos del Mundo Venezuela
  32. Movimiento de la Juventud Izquierda Consciente – MJIC
  33. Movimiento Estudiantil Revolucionario de la Universidad Simón Bolívar – MERUSB
  34. Movimiento SOMOS
  35. Mujeres con Voluntad – Mujeres VP
  36. Mujeres en Línea
  37. Mujeres Migrantes
  38. Mujeres por la Vida
  39. Mujeres por los Derechos – MUDERES
  40. Mulier
  41. Pastoral Universitaria
  42. Prepara Familia
  43. PROENA
  44. Psicólogos Sin Frontera Venezuela
  45. PSICORAIMA
  46. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
  47. Observatorio Venezolano de Prisiones – Coordinación Mérida
  48. Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru
  49. RedCA
  50. Red de Colectivos La Araña Feminista
  51. Red de Información por el Aborto Seguro – RIAS
  52. Red Latinoamericana de Zürich
  53. Red Sindical de Mujeres
  54. Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes – REDDHNNA
  55. Unión Afirmativa
  56. Unión Mexicana Suiza
  57. Voces Vitales Venezuela
  58. Voces de Género Venezuela

Adicionalmente suscriben 253 personas.

Para acceder al comunicado completo ver: Comunicado Carlos Ortiz Mora. Con adhesiones

Promoción del ejercicio responsable de la sexualidad en la adolescencia

En AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, entendemos la sexualidad como una realidad específicamente humana que va más allá de la visión restringida que la reduce a la anatomía y funcionamiento genitales (AVESA; 2002). La sexualidad está vinculada al cuerpo, sin duda, pero también está moldeada por la cultura, la etnia, el grupo etario y el género; así, la sexualidad no es un simple hecho de la naturaleza, sino el resultado de una historia sociocultural e individual. Al decir de Michel Foucault (1977), la sexualidad no debe entenderse como un supuesto natural ni como un terreno oculto, la sexualidad es el nombre que se da a un concepto histórico.

Lamentablemente, nuestra cultura occidental está marcada por una visión simplista, moralista y persecutoria de la sexualidad que no contribuye a la construcción de comportamientos autónomos y responsables en este campo. Todo lo contrario, esta visión problematizada de la sexualidad, es la que contribuye a la generación de graves problemas sociales y de salud pública como son los altos índices de embarazo no deseado en la adolescencia y de infecciones de transmisión sexual, los abortos inseguros, las muertes maternas vinculadas al aborto, la violencia sexual, crímenes vinculados con el estigma y la discriminación a personas LGBTI, entre otros.

La autonomía en el campo de la sexualidad hace referencia al desarrollo de la capacidad de negociar sexualmente con el otro/a, desde un lugar de equidad (particularmente de género), y no desde posiciones supraordinadas o subordinadas. Implica poder identificar, conocer y dar sentido a las propias necesidades sexuales y buscar formas de satisfacción en el marco del respeto por las propias decisiones.

Una aproximación a la sexualidad adolescente debe pasar por comprender el significado que tiene la misma dentro de nuestro contexto sociocultural; pero además, es preciso deslastrarse de muchos prejuicios, mitos, falsas creencias y estereotipos que tienden a presentar a las y los adolescentes como personas intrínsecamente impulsivas, irresponsables, irreflexivas y proclives al riesgo o la transgresión. Estas ideas, que se sostienen muchas veces de manera desapercibida, pueden generar serios obstáculos e ineficacia en las acciones educativas, informativas o asistenciales que se dirigen a la población adolescente. La adolescencia implica el pasaje de la dependencia a crecientes grados de autonomía, tanto a nivel afectivosexual, como social y económico; y, para la construcción de estas autonomías y de un comportamiento responsable en las y los adolescentes, es necesario generar condiciones que faciliten este proceso.

Para él o la adolescente implica el relacionamiento con el propio cuerpo, su conocimiento, respeto y cuidado, pero, sobre todo, saberse sujeto de derechos en el campo de la sexualidad y las decisiones reproductivas. Esta autonomía y empoderamiento están en la base del desarrollo integral de las y los adolescentes para considerarse personas con capacidad y poder para tomar decisiones. Es importante que las y los adolescentes sean capaces de comprender que la sexualidad no está vinculada sólo con el placer, nuestros cuerpos y la reproducción, sino que está estrechamente vinculada con nuestra salud y nuestras decisiones de vida. Por esto es importante tener la capacidad para tomar decisiones conscientes sobre nuestra sexualidad y reproducción, así como contar con los recursos para llevar a cabo tales decisiones.

La toma de decisiones en la vida sexual favorece el desarrollo de sujetos autónomos, responsables e integrales en otras áreas de la existencia y contribuye a la construcción de ciudadanías.

Magdymar León Torrealba

Poder y coerción en la base de la violencia sexual en contexto de represión política

La violencia sexual es, en términos generales, el ataque o la invasión a la sexualidad y al cuerpo de una persona, generalmente mujer, dentro de una relación de poder donde no existen iguales que consienten; es una relación dispar, hay quien detenta el lugar de poder y quien se encuentra en el lugar de subordinación.

Esta relación de poder que existe entre víctima-victimario puede estar dada por diversos factores, por ejemplo, por la superioridad en edad o por la fuerza física de quien agrede, por su poder económico o político, por el uso de armas, por pertenecer a un grupo o por representar una figura de autoridad para la víctima; son muchos los factores que demarcan las diversas relaciones de poder que puedan existir en determinado momento.

La mayoría de las veces este poder se expresa en forma coerción, es decir, en forma de presión o amenaza de violencia, para forzar una conducta o un cambio de voluntad. Hay que decir además, que esta presión o amenaza puede ser tácita o explicita y no siempre se requiere la aplicación de la fuerza física directa para imponer el poder, no es necesario, la coerción en sí misma genera represión, restricción o inhibición.

Se puede afirmar que existen tantos contextos de coerción en los que se pueden presentar la violencia sexual como formas de relación de poder existen, siendo el contexto de represión política por agentes del Estado uno más de estos. La figura de una persona uniformada portando un armamento ante una persona civil es, en sí misma, un elemento intimidante, además, el poder está de su lado, la persona está armada y es “la autoridad”. Si a esto le sumamos algún gesto, frases o comportamiento que denote presión o amenaza y nos encontramos, por ejemplo, en un lugar de detención, tenemos un ambiente completo de coerción.

Es preciso enfatizar que, en los casos de violencia sexual durante detenciones, el ambiente de coerción creado por la detención en sí anula la posibilidad de un consentimiento genuino al contacto sexual por parte de la víctima. La violencia sexual en el contexto de represión política no está motivada por un deseo sexual del victimario hacia la víctima, obedece a la voluntad de destruir el tejido social y familiar de una comunidad determinada. Los cuerpos de las víctimas se convierten en transmisores de mensajes de humillación, control y poder.

La violencia sexual en el contexto de represión política opera en 2 dimensiones, una dimensión individual dirigida a someter a la víctima mediante el terror de los actos sexuales; y una dimensión colectiva, que busca humillar a toda la comunidad “enemiga” y no sólo a la víctima.

LA VIOLENCIA SEXUAL ES EL MEDIO PARA TRANSMITIR UN MENSAJE DE HUMILLACIÓN Y PODER QUE BUSCA ROMPER EL TEJIDO COLECTIVO Y SOLIDARIO, CONTROLAR, INTIMIDAR E IMPLANTAR LA IMPUNIDAD Y TRANSFORMAR LA POBLACIÓN

Magdymar León Torrealba – Psicóloga Clínica, feminista, coordinadora ejecutiva de AVESA

 

Violencia sexual en el contexto de represión política – Algunos datos de la prensa nacional

Haciendo un seguimiento a los casos de violencia sexual en contra de manifestantes y/o personas detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas sociales que vienen ocurriendo en el país y que han sido reportados en la prensa nacional entre el 1ro de abril y el 11 de julio, en AVESA hemos encontrado lo siguiente:
·         Se encontró un total de 6 noticias sobre delitos sexuales, todas del diario El Nacional, con 25 víctimas, 14 mujeres (56%) y 11 hombres (44%).
·         El tipo de delitos sexual con mayor número de víctimas de acuerdo a estas noticias fue la exposición a la violencia sexual, en un 60% de los casos (9 hombres y 6 mujeres), bien sea por exposición a la violación sexual o al intento de la misma.
·         A este delito le siguen los tocamientos reportados por un 20% de víctimas, luego está la violación sexual en 16% de los casos (2 hombres y 2 mujeres) y finalmente, el intento de violación sexual, reportado por una sola victima femenina que representa el 4% del total.
·         El 64% de estos delitos fueron reportados en el estado Aragua (11 hombres y 5 mujeres), el 32% en el Distrito Capital (8 mujeres) y el 4% (1 victima femenina) en Miranda.
·         En cuanto a la institución del Estado involucrada en los delitos señalados tenemos a la Policía Nacional Bolivariana en el 68% de los casos (10 hombres y 7 mujeres), seguida de PoliAragua con 20% de los casos (5 mujeres) y en tercer lugar, la Guardia Nacional con 12% de casos, 1 hombre y 2 mujeres.
·         Solo en una de las noticias se hace referencia a la iniciación del proceso de investigación del delito denunciado
Para concluir, es importante señalar que de acuerdo a información de defensores y defensoras de derechos humanos expresada en reunión  realizada en AVESA el día 30 de junio de 2017, el 100% de las personas detenidas que ha expresado haber sido víctima de alguna forma de violencia sexual, pero no todas formalizan la denuncia bien sea para evitar una mayor humillación pública y/o porque consideraban que nadie sería sancionado.

AVESA- Julio 2017

Violencia sexual para blog

 

Solicitud de Consultoras/es para Trabajo de Campo

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AVESA SOLICITA CONSULTORES/AS PARA TRABAJO DE CAMPO EN INVESTIGACIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO NACIONAL DEL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Desde el 2013, AVESA y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el apoyo de diferentes organizaciones públicas y privadas del país, han venido trabajando en la unificación de criterios para la adecuada atención del abuso sexual por parte de las diferentes instituciones del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SRNPINNA).

Como parte de este trabajo conjunto, estamos realizando un Diagnóstico Nacional que busca determinar los cuellos de botella que dificultan la debida atención de los casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de los Consejos de Protección. Para este diagnóstico, hemos construido una batería de instrumentos de investigación que ha sido debidamente validada y será aplicada a una muestra de 108 Consejos de Protección de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Esta muestra ha sido dividida en 9 regiones que son:

  • Región Capital, conformada por el Distrito Capital y los estados Vargas y Miranda
  • Región Central, conformada por los estados Aragua, Carabobo y Cojedes
  • Región Los Llanos, conformada por los estados Apure y Guárico
  • Región Centro-occidental, conformada por los estados Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy
  • Región Zuliana, conformada por el estado Zulia
  • Región Los Andes, conformada por estados Mérida, Táchira, Barinas y Trujillo
  • Región Nor-oriental, conformada por los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre
  • Región Insular, conformada por el estado Nueva Esparta y las Dependencias Federales
  • Región Guayana, conformada por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

Es importante señalar que pueden optar a estas consultorías: profesionales, grupos de profesionales y organizaciones. Cada profesional u organización interesada sólo podrá optar a participar en la convocatoria a la consultoría para una sola región.

A continuación, se presentan los términos de referencia para cada una de las consultorías por regiones.

TdR Región Zuliana

TdR Región Llanos

TdR Región Nororiental

TdR Región Insular

TdR Región Centro Occidental

TdR Región Guayana

TdR Región Central

TdR Región Capital

TdR Región Andina

RESPUESTA PÚBLICA DE AVESA A LA MINISTRA BLANCA EEKHOUT GÓMEZ

La presente es una respuesta pública a las invitaciones que nos hiciera la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Rosa Eekhout Gómez, a Mercedes Muñoz presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, y a Magdymar León Torrealba, Coordinadora ejecutiva, “en reconocimiento a nuestra trayectoria como luchadoras por los derechos de la mujer y la igualdad de género”, para asistir el domingo 7 de mayo de 2017, a las 9 am, en el Salón Bicentenario del Palacio de Miraflores, a una reunión “en el marco de una Constituyente Originaria convocada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros…” con el fin de “abordar  aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”.

En AVESA (fundada hace 34 años por Elisa Jiménez Armas) institución pionera en la promoción y defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y los Derechos de la Mujer venezolana, que a todas luces históricamente desde su fundación ha participado de la manera más comprometida en todas las luchas reivindicativas de los Derechos de las Mujeres de nuestro país y la región,  muy especialmente aquellos que se refieren a la obligación del Estado a garantizarles   una vida libre de violencia y con los óptimos estándares de  salud sexual y reproductiva; y dado el momento crítico que vive nuestro país en todos los órdenes, nos sentimos en la obligación de hacer público nuestro rechazo a la convocatoria que nos hiciera la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en nombre del Presidente de la Republica para participar en un evento destinado a la “conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Consideramos que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, -además de ser ilegal puesto que no cumple con lo establecido en la Constitución vigente- no tiene nada que ver con los problemas y necesidades de las mujeres en la actualidad. La mujer venezolana necesita en este momento histórico de profunda crisis que el Estado venezolano realmente garantice el Derecho a la Vida y la Salud (no queremos seguir muriendo debido a causas relacionadas con el embarazo o el parto, por ejemplo); el derecho a la alimentación; el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo.

Por otra parte: el acceso a los métodos anticonceptivos; a los medicamentos para el cáncer de mama, de ovarios o de útero, y a los antiretrovirales. Necesitamos educación sexual para nuestras hijas (no queremos que nuestras hijas sigan pariendo en la adolescencia, o que contraigan una infección de transmisión sexual, o que empiecen el ciclo de la violencia en el noviazgo).

Queremos realmente vivir una vida libre de violencia. Queremos verdadero acceso al sistema de justicia, y a un sistema de justicia eficiente. Las mujeres venezolanas exigimos del Estado las medidas necesarias para que nuestros hijos e hijas no sean víctimas de la inseguridad y la impunidad. Las mujeres venezolanas queremos  junto con nuestros jóvenes ejercer  derecho a la protesta, sin que corramos el riesgo de morir por ello.

Desde  AVESA hemos formado parte del movimiento unitario y masivo de las mujeres que, en su momento y con una agenda única participamos en la Asamblea Constituyente de 1999 y cuyo fruto es la vigente Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. En esa constitución logramos las mujeres, como protagonistas y como movimiento social y sin fracturas (que no quiere decir, sin diferencias, sin discusiones o, sin debate)  establecer a nivel constitucional lo siguiente:

  • El derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios para el ejercicio e ese derecho.
  • Derecho a servicios de planificación familiar basados en valores éticos y científicos.
  • La garantía de igualdad ante la ley.
  • Lenguaje de género en el texto constitucional.
  • Aceptación de las diversas formas de familia y el derecho de todas a recibir apoyo.
  • Consagración de la igualdad de deberes y derechos para el hombre y la mujer en el matrimonio y las uniones de hecho. Reconocimiento jurídico de las uniones estables de hecho.
  • Reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico y la seguridad social para las amas de casa.
  • Derecho a equidad en el salario.

Sin embargo, la consagración de esta plataforma constitucional tan favorable requiere de la definición e instrumentación de políticas públicas sostenidas  y eficientes para  convertirse en una realidad palpable, lo cual a nuestro juicio es materia pendiente.

Con respecto a los derechos de las mujeres y la Constitución lo que realmente nos hace falta es que se respete y se cumpla la Constitución vigente.

Consideramos que la única vía  para enfrentar la crisis que vive Venezuela es constitucional y democrática, tal como está plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente.

 

Mercedes Muñoz                                                     Magdymar León

Presidenta                                                                Coordinadora Ejecutiva

Comunicado a la Opinión Pública en relación a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente

Nosotras, 403 personas y 56 organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes que trabajamos por los derechos de las mujeres rechazamos la convocatoria hecha por Nicolás Maduro para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente en razón a las consideraciones siguientes:

  1. Consideramos que se trata de una maniobra política que desvía la atención del país de la más profunda crisis económica, social, política y moral que jamás haya vivido Venezuela, la cual ha dado lugar a manifestaciones multitudinarias durante las últimas semanas en todo el país, muchas de ellas reprimidas de forma violenta con el lamentable saldo de víctimas fatales, sobre todo de adolescentes y jóvenes, que llenan de luto y dolor a toda la sociedad venezolana. Las demandas y consignas del pueblo venezolano en estas manifestaciones son claras, ninguna de ellas apunta a una reforma constitucional, todo lo contrario, las demandas van dirigidas a cumplir con la constitución vigente y exigir la restitución de derechos vulnerados.
  2. Persiste la ruptura del hilo constitucional generado a partir de las sentencias 155 y 156 dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que, entre otras cosas, anula las actuaciones de la actual Asamblea Nacional, nuestro Poder Legislativo. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente constituye un evidente intento por parte del gobierno de abolir los poderes constituidos, particularmente la Asamblea Nacional, desconociendo la voluntad del pueblo expresado en las urnas electorales en diciembre de 2015, por tanto, deploramos y rechazamos la profundización de la situación de facto originada por las sentencias que se pretende materializar en esta nueva constituyente dirigida a consolidar el proyecto político del gobierno.
  3. Rechazamos categóricamente este nuevo intento por instaurar un Estado comunal en Venezuela, en apego a la voluntad de la mayoría de venezolanos y venezolanas que fue expresada en el referéndum consultivo efectuado en el año 2007 propuesto por el entonces presidente de la república Hugo Chávez Frías;
  4. Más aún, la propuesta de participación “sectorizada” en la elección de las y los constituyentistas es contraria a principios universales de participación en procesos electorales, y convalidaría de hecho un mecanismo de participación abiertamente discriminatorio que dejaría por fuera a la vasta mayoría de electores y electoras. Así, aunque se plantee que la nueva constitución a ser elaborada va a ser sometida a consulta nacional mediante voto universal, directo y secreto, ya, desde su origen, se encuentra viciada.
  5. La solución a los gravísimos problemas del país como el hambre y la falta de medicinas que no se resolverán con una Asamblea Nacional Constituyente. Por el contrario, un proceso como este producirá peligrosas dilaciones en la atención de estas situaciones críticas que se traducirán en más muertes por desnutrición y falta de tratamiento, además de las consecuencias de salud y conflictividad social que ellas conllevan. Estos son los problemas que tienen a la ciudadanía en la calle, demandando respuestas urgentes.

Por ello, apoyamos las demandas del pueblo venezolano y consideramos que un verdadero diálogo, sincero y con condiciones claras, que permitan lograr una salida política inmediata a la crisis y que sirva para la construcción de la paz que tenga como punto de partida:

  • Garantizar al pueblo venezolano el derecho a la manifestación pública y pacífica, con el consiguiente cese de la represión violenta y el uso brutal, abusivo y desproporcionado de las fuerzas públicas.
  • La facilitación de manera prioritaria de un canal de ayuda humanitaria para el suministro de alimentos y medicinas para la población.
  • El restablecimiento de las funciones de la Asamblea Nacional;
  • Y, finalmente, el establecimiento inmediato de un cronograma electoral ajustado a lo previsto en nuestra actual constitución.

¡Las mujeres de Venezuela decimos NO a la Constituyente!

Hecho en Caracas, a los 6 días del mes de mayo de 2017

Para ver el comunicado completo y los nombres de las personas y organizaciones firmantes, puede entrar al siguiente link: Comunicado de las mujeres a la Opinión Pública sobre Asamblea Nacional Constituyente