TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DIRIGIDO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN VENEZUELA

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Bandera Union Europea

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR)

CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DIRIGIDO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN VENEZUELA

PARTIDA PRESUPUESTARIA

6.1. Construcción de Propuestas de Políticas Publicas
  1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

AVESA, con el apoyo financiero de Unión Europea (UE), ejecuta una acción denominada: Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del País” (Por Nosotras), número de contrato: UE-AVESA CSO –LA/2017/387-777 cuyo principal objetivo es mejorar las capacidades de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil venezolana para la incorporación de mujeres en situacion de pobreza al trabajo productivo y la promoción de políticas públicas en igualdad de género a nivel nacional.

En Venezuela el sexismo y los estereotipos de género prevalecen en los medios de comunicación, sean éstos públicos o privados. Los mismos, al igual que la publicidad, insisten en presentar a las mujeres de manera sesgada reproduciendo roles tradicionales de género que contribuyen a reforzar el lugar subordinado de las mujeres y lo femenino en la sociedad. El discurso de los medios tiende a invisibilizar a las mujeres, sus opiniones y sus logros. Y cuando las incluye, tiende a la cosificarlas, presentándolas como objetos sexuales o reproduciendo estereotipos y roles tradicionales de género tales como madres, cuidadoras y encargadas de oficios del hogar.

Por ejemplo, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2015 correspondiente a Venezuela,[1] encontró que las mujeres representaron tan sólo el 23% de quienes protagonizaron las noticias en todos los medios, al tiempo que no fueron tomadas en cuenta en las noticias en calidad de atletas, ejecutivas de bancos, magistradas o abogadas. En pocas ocasiones son citadas como expertas o comentadoras. La mayoría de los contenidos de las noticias analizadas reforzaban los estereotipos de género, mientras que las temáticas de igualdad de género y derechos de las mujeres estuvieron ausentes de las agendas informativas de los medios de comunicación al momento del monitoreo. El mismo estudio encontró que las mujeres no fueron consultadas en calidad de expertas o como comentaristas, y sólo 1 de cada 10 noticias en materias como economía o política tuvo a una mujer como protagonista. Esto contrasta de manera drástica con las noticias sobre personas a cargo del hogar donde el 75% tuvo mujeres como protagonistas. Los medios no reseñan las hazañas deportivas de mujeres atletas, y por cada noticia que hubo sobre una mujer en la red social Twitter, hubo tres sobre hombres. Mientras que la violencia contra la mujer está invisibilizada en los medios de comunicación impresos (y sus portales digitales) del país conforme a los hallazgos del estudio “Leyendo las noticias de violencias contra las mujeres con «lentes de género»” del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, FUNDAMUJER y ALAPLAF, el cual realizó un seguimiento de la cobertura de este tipo de noticias entre 2015 y 2017.

Tomando en cuenta lo antes descrito, se percibe la necesidad de realizar un trabajo de sensibilización e información para la incorporación de una perspectiva de género en el trabajo de los medios de comunicación para lo cual se requiere de la elaboración de un manual que permita adelantar dicho trabajo.

  1. RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO:

El/la consultor/a deberá entregar un manual de sensibilización e información para la incorporación de una perspectiva de género dirigido a medios de comunicación en Venezuela elaborado conforme a los criterios que figuran en el Anexo I de los presentes términos de referencia y cumpliendo con el siguiente cronograma:

Contratación 10 de diciembre de 2018
Propuesta de Índice del Manual 15 de diciembre de 2018
Primer Borrador 10 de enero de 2019
Segundo Borrador 25 de enero de 2019
Manual final revisado 30 de enero de 2019
  1. RESPONSABILIDADES DEL O LA CONSULTORA:
    • Elaborar una propuesta de índice que indique los capítulos y temas a ser incluidos en el manual de sensibilización e información para la incorporación de una perspectiva de género dirigido a medios de comunicación en Venezuela a ser aprobada por AVESA
    • Revisión documental para la elaboración del manual
    • Presentación de borradores e incorporación de observaciones y adiciones de la coordinadora del componente de incidencia política y de la coordinadora de proyecto;
    • Presentación del manual final revisado.
  2. SUPERVISIÓN:
    • La ejecución de la Consultoría desde AVESA estará bajo la supervisión de Luisa Kislinger (Coordinadora del Componente de Incidencia Política), esta supervisión se ejecutara de manera permanente, se podrán establecer reuniones presenciales o virtuales y también se podrá realizar la supervisión vía email, teléfono u otros medios electrónicos disponibles.
    • Los criterios más resaltantes para realizar la evaluación del producto final de esta Consultoría serán:
      • Avances alcanzados por el/la Consultor/a durante entregas o revisiones de medio término.
      • Puntualidad en la entrega de los productos.
      • Adicionalmente se tomará en consideración otros elementos como: desempeño y competencia técnica y profesional.
  3. PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDOS:
    • Requerimientos
      • Profesional en el área de Comunicación Social, Sociología, Psicología o afines;
    • Habilidades requeridas
      • Conocimientos y experiencia de trabajo demostrables en la temática de igualdad de género, derechos de las mujeres y mujeres y medios de comunicación;
      • Experiencia previa en la producción de manuales y/o instructivos relacionados con los temas de género y comunicaciones;
      • Excelentes habilidades de redacción.
  1. DURACIÓN:

La Consultoría esta prevista para comenzar el  10 de diciembre de 2018 y culminar el 30 de enero de 2019.

  1. REQUISITOS/CONDICIONES:
  • El/la consultor/a debe presentar a AVESA un resumen curricular en el que se especifiquen, sobre todo, los requerimientos señalados en el perfil (punto 5.1) así como copia de su RIF vigente y cedula de identidad, estos documentos podrán ser entregados personalmente o podrán ser enviados al correo avesa3@gmail.com colocando en el asunto CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DIRIGIDO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN VENEZUELA, los mismos serán recibidos hasta el 05 de diciembre del 2018.
  • El consultor para efectos del pago de esta Consultoría deberá presentar facturas legales personalizadas y poseer cuenta en dólares para la recepción de los respectivos pagos.

 

ANEXO I

NOTA CONCEPTUAL SOBRE EL MANUAL DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO DIRIGIDO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN VENEZUELA

Objetivo del Manual:

Sensibilizar e informar en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres a medios de comunicación, y proporcionar conocimientos y herramientas básicas para la producción de contenidos que se alejen de expresiones sexistas, estereotipos y roles tradicionales de género y que favorezcan la visibilización de las problemáticas, voces y logros de las mujeres.

Extensión:

60 cuartillas en fuente ARIAL tamaño 12, a espacio múltiple, valor 1,08, y justificado.

Normas para el manejo de fuentes: APA

Desarrollo del manual:

Se espera que el tono general del manual esté orientado hacia el empleo de ejemplos prácticos que puedan ilustrar tanto los conceptos generales a ser desarrollados como las estrategias y orientaciones a ser presentadas. El manual también estará inspirado en lo posible en situaciones concretas de la realidad socio-cultural venezolana y se hará uso de ejemplos de buenas y malas prácticas en los medios de comunicación de Venezuela.

El manual tomará en cuenta la realidad de mujeres indígenas, lesbianas, mujeres trans, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad, mujeres mayores, niñas y adolescentes.

Temas que deben ser desarrollados por el manual:

  1. Situación general de las mujeres en los medios de comunicación (usando como referencia los resultados del Proyecto Global de Monitoreo de Medios 2015, el informe “Leyendo las Noticias con Lentes de Género,” los informes del Observatorio de Medios “Carmen Clemente de Travieso” y cualquier otro documento relevante);
  1. Marco conceptual que aborde lo siguiente:
  • Género
  • Sexo
  • Roles tradicionales de género
  • Estereotipos de género
  • Sexismo
  • Androcentrismo
  • Hembrismo
  • Violencia mediática
  • Lenguaje sexista
  • Ejemplos
  1. Breve referencia al marco legislativo nacional que regula la relación entre mujeres y medios de comunicación (Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, cualquier otra que sea relevante).
  1. Recursos discursivos que discriminan a las mujeres, incluyendo aquellos que constituyen violencia mediática y simbólica contra las mujeres
  • Estereotipación
  • Sexismo
  • Misoginia
  • Invisibilización
  • Homo-lesbo-transfobia
  • Espectacularización
  • Amarillismo
  • Ginopia
  • Cosificación
  • Lenguaje sexista
  • Cualquier otro que se considere relevante.
  1. Ejemplos prácticos y fórmulas para identificar y superar los discursos discriminatorios de las mujeres
  1. Recomendaciones generales para la elaboración de contenidos libres de sexismo
  1. Guía para la autoevaluación en la producción de contenidos libres de sexismo
  1. Decálogo/compromiso/declaración (formato por determinar) para la producción de contenidos sensibles al género
  1. Cualquier otro asunto que el/la consultor/a considere relevante para la el manual conforme a lo discutido con la coordinación.
[1] ttp://www.medianalisis.org/images/Archivos/investigaciones/Informe%20GMMP%20Medianalisis%201.pdf
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Términos de Referencia (TDR) Consultoría Digitalización Documental

AVESA Logo                                        Bandera Union Europea

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR)

CONSULTORÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

8. Costes indirectos
  1. JUSTIFICACIÓN:

AVESA, con el apoyo financiero de Unión Europea (UE), ejecuta una acción denominada: Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del País” (Por Nosotras), número de contrato: UE-AVESA CSO –LA/2017/387-777 cuyo principal objetivo es mejorar las capacidades de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil venezolana para la incorporación de mujeres en situación de pobreza al trabajo productivo y la promoción de políticas públicas en igualdad de género a nivel nacional.

AVESA durante 30 años contó con un servicio de atención piscólogica y en sus inicios también brindó atención médica, por lo que cuenta con un registro de historias clínicas que constituyen información confidencial, valiosa, y de carácter jurídico que no debe ser desechado sino más bien empleado como insumo para la generación de datos significativos que apoyen la lógica de intervención de la Acción; no obstante, el espacio físico que ocupan en la sede de AVESA es significativo (ocupan aproximadamente unos 12 mts cuadrados de los 80 mts de la sede) y se requiere ajustar la oficina para el equipo de trabajo de la Acción con tres (3) estaciones de trabajo y un (1) salón de usos múltiples para reuniones. Por tal motivo, se considera necesaria la digitalización de toda esta información para su debido resguardo, mayor aprovechamiento y para permitir el acondicionamiento de los espacios de cara a la ejecución de la Acción.

  1. RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO:

El/la consultor/a deberá entregar digitalizado todo el archivo documental de historias clínicas de AVESA.

  1. RESPONSABILIDADES:
    • Responsabilidades del/ la Consultor/a:
      • El/la Consultor/a deberá entregar en el tiempo estipulado las historias clínicas de AVESA digitalizadas.
      • El/la Consultora deberá firmar un acuerdo de confidencialidad del manejo de la información, el cual se incluirá como anexo al contrato de Consultoría.
    • Responsabilidades del AVESA
      • Facilitar al/la Consultor/a todos los insumos necesarios para la correcta ejecución de la consultoría, incluidos los medios físicos o virtuales en los cuales el/la Consultor/a deberá almacenar la información (ubicación de archivos virtuales, CD, Discos Duros, entre otros)
      • Elaborar el contrato definitivo para la ejecución de la consultoría el cual deberá incluir cláusulas de confidencialidad para el manejo de la información.
  1. SUPERVISIÓN:
    • La ejecución de la Consultoría desde AVESA estará bajo la supervisión de Magdymar León (Coordinadora General de la Acción), esta supervisión se ejecutara de manera permanente, se podrán establecer reuniones presenciales o virtuales y también se podrá realizar la supervisión vía email, teléfono u otros medios electrónicos disponibles.
    • Los criterios más resaltantes para realizar la evaluación del producto final de esta Consultoría serán:
      • Avances alcanzados por el/la Consultor/a durante entregas parciales de Archivos digitalizados de acuerdo a condiciones establecidas por AVESA.
      • Confidencialidad en el manejo de la información.
      • Puntualidad en la entrega de los productos.
      • Adicionalmente se tomará en consideración otros elementos como: desempeño y competencia técnica y profesional.
  1. PERFIL:
    • Requerimientos
      • Profesional en área de Psicología o carreras afines.
      • Preferiblemente residenciado en la ciudad de Caracas.
    • Habilidades requeridas:
      • Manejo de Programas de Computación (Paquete Básico Microsoft)
      • Facilidad de Comunicación;
      • Compromiso por resultados;
      • Planificación y organización
  1. DURACIÓN:

La Consultoría está prevista para una duración de treinta y tres (33) meses; iniciando el 1 de noviembre de 2018 y culminando el 31 de julio de 2021.

  1. REQUISITOS/CONDICIONES:
    • El/la consultor/a debe presentar a AVESA un resumen curricular en el que se especifiquen, sobre todo, los requerimientos señalados en el perfil (punto 5.1) así como copia de su RIF vigente y cédula de identidad, estos documentos podrán ser entregados personalmente o podrán ser enviados al correo avesa3@gmail.com colocando en el asunto CONSULTORIA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL, los mismos serán recibidos hasta el 25 de octubre del 2018.
    • El consultor para efectos del pago de esta Consultoría deberá presentar facturas legales personalizadas y poseer cuenta en dólares para la recepción de los respectivos pagos.

La Ola Verde del aborto legal en Venezuela

En este año 2018, la discusión sobre el aborto se ha avivado a nivel mundial gracias al referendun por la liberalización del aborto en Irlanda el 25 de mayo y la legalización del aborto en la Cámara de Diputados del Congreso de Argentina el 14 de junio. En Latinoamérica, el triunfo de las compañeras argentinas ha potenciado campañas y acciones por el aborto legal en diferentes países de la región en lo que se ha denominado “La Ola Verde”, que por supuesto ha llegado a Venezuela.

Hay elementos comunes en el debate por la despenalización/ legalización del aborto que tocan principios democráticos fundamentales como la libertad de conciencia, el laicismo y los derechos humanos, la ciudadanía de las mujeres, entre otros, que son aplicables en los diferentes contextos; sin embargo, es preciso considerar la norma jurídica y la realidad de cada país. Veamos cómo es la cosa acá, en Venezuela.

Comencemos por la situación legal del aborto, el Código Penal vigente (elaborado en 1915 y con última reforma en el 2005) en su capítulo IV prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto para salvar la vida de la parturienta (aborto terapéutico, artículo 435) y disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor (aborto honoris causa, artículo 436)[1]. Esto quiere decir que no está despenalizado ni mucho menos legalizado el aborto en casos de embarazos producto de violación sexual, ni de incesto, ni de malformación congénita del feto. El aborto es un delito que se castiga con prisión de seis meses a dos años a la mujer que se lo practica, y de uno a tres años a quien lo ejecuta. Con esto, estamos en la cola de la región con una de las legislaciones más restrictivas en materia de interrupción voluntaria del embarazo, lo que tiene importantes implicaciones para los derechos, la salud y la vida de las mujeres.

Es preciso explicar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no incluye  la inviolabilidad de la vida ni la protección del feto desde el momento de la concepción[2]. El artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a  la vida es inviolable, pero no afirma que esto sea desde la concepción. Lo que sí está protegido es la maternidad decidida libre y responsablemente desde el momento de la concepción, que no es mismo que proteger al embrión o feto desde la concepción (artículo 76). Por su parte, el artículo 59 garantiza la libertad de religión y de culto, con énfasis en que nadie podrá invocar creencias religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otra persona el ejercicio de sus derechos.

De acuerdo a esto es el Código Penal, y no la Constitución, la norma que en definitiva penaliza el aborto y que constituye la piedra de tranca para su posterior legalización. De hecho, luego de la aprobación de la constitución en 1999, los esfuerzos de las feministas venezolanas se han encaminado hacia ese objetivo, despenalizar el aborto en el Código Penal bien sea a través de reformas o de un nuevo Código Penal; sólo en el 2007 y hoy en el 2018 se han desarrollado iniciativas de modificar la Constitución, la primera no dio resultado y sobre la iniciativa actual comentaré más adelante.  Con todo, el objetivo de flexibilizar la norma que penaliza el aborto obviamente no se ha logrado y tenemos los mismos artículos desde hace más de un siglo.

Vale destacar que, al menos dos Comités de Naciones Unidas[3] le han recomendado al Estado venezolano en diferentes oportunidades flexibilizar la norma que penaliza el aborto y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo[4], suscrito por Venezuela, insta a los Estados a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos” (párrafo 42 del Consenso). En ninguno de los casos el Estado venezolano ha cumplido.

Pasemos ahora al contexto. Aquí la situación no puede estar peor. Estamos en una emergencia humanitaria compleja, con un régimen autoritario y unas instituciones del Estado, severamente deterioradas unas y cuestionadas otras. Las vulneraciones de derechos humanos están a la orden del día y la pobreza está arropando al 87% de la población de acuerdo a la Encuesta sobre Condiciones de vida (ENCOVI)[5]. En este contexto, las mujeres sufren un impacto diferenciado reflejado en diversos aspectos de su vida, pero sobre todo en el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos tal y como lo documentan AVESA-CEPAZ-FREYA y Mujeres en Línea el Informe del 2017, “Mujeres al Límite. El peso de la Emergencia Humanitaria: vulneración de los derechos humanos de las mujeres”[6]

Hoy, junio del 2018, las venezolanas no tienen garantizados, el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y parto; el derecho a la educación sexual integral; a obtener información en salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos de planificación familiar; a servicios adecuados de atención de salud que permitan los embarazos y partos sin riesgos; a la autonomía reproductiva; y por sobre todo, los derechos a la vida y la salud. Sólo tres indicadores -reseñados en el informe Mujeres al Límite- bastan para dan cuenta de esta realidad: 1) la escasez progresiva y cada vez más aguda de métodos anticonceptivos de todo tipo que ha sido calculada por la Federación Farmacéutica en un 90%, que se una a una cobertura aproximada del 2% por parte del Estado de acuerdo a la Memoria y Cuenta del MPPS de 2015; 2) aumento en un 65% de las muertes maternas para el 2016 de acuerdo a los Boletines Epidemiológicos del MPPS, muchas de estas muertes vinculadas al abortos inseguros; y 3) para el año 2012 – estadística oficial más reciente – los bebés nacidos vivos de adolescentes entre 15 y 19 años alcanzaron el 22%, y en mujeres menores de 15 años fue de 1,2%. No hay nada en el contexto del país que indique que, al día de hoy, estos indicadores hayan disminuido, todo lo contrario, al agudizarse la emergencia humanitaria compleja, las cifras tienden a empeorar.

La dura realidad detrás de todo esto es que, la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres venezolanas van en franco retroceso, los derechos que están reconocidos constitucionalmente y lo establecido en la Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva del año 2003, reformada en el 2013, no se están aplicando. El Estado no está garantizando el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos a la mujeres, y, hay que decir que tampoco a los hombres; pero, como lo ha reconocido el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación de la Mujer en la legislación y en la práctica de Naciones Unidas, “la denegación de acceso a los servicios de salud esenciales con respecto a la interrupción del embarazo, los anticonceptivos, el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y el tratamiento de la infecundidad tiene consecuencias particularmente graves para la salud y la vida de las mujeres”.

Así las cosas, surgen muchas interrogantes ¿Es pertinente debatir sobre el aborto hoy en día en Venezuela? ¿Es conveniente legalizar el aborto en la Venezuela de hoy? ¿Cómo montarnos las feministas venezolanas en la Ola Verde?

Comenzando por la última pregunta es preciso destacar que las feministas ya están montadas en la ola. El 20 de junio  la Red de Información Aborto Seguro (RIAS), el Colectivo Tinta Violeta, la Red Araña Feminista y el Frente Cultural de Izquierda, todos grupos adeptos al gobierno del presidente Maduro y al proceso Constituyente actual, han tenido un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y han presentado una propuesta, que de acuerdo a lo reseñado por los medios de comunicación, tiene como punto central la solicitud de modificación del artículo 76 de la Constitución, para que “garantice asistencia y protección integral a la maternidad voluntaria tanto para la continuación como para la interrupción del embarazo”[7]; y también solicitan que se exprese abiertamente la laicidad del Estado venezolano[8], esto es, modificar el artículo 59. Estos colectivos feministas ya habían acudido a la ANC en septiembre del 2017 en el marco del Día por la despenalización el aborto en América Latina y El Caribe.

Lo propuesto por las compañeras feministas sin lugar a dudas mejoraría el texto constitucional, aclarando aún más los términos a favor de la despenalización en el Código Penal y el desarrollo las normas que garanticen su implementación y que vienen a ser la legalización misma.

Pero el asunto no es tan sencillo porque no estamos en Argentina, ni en Irlanda, ni en Chile, ni en Perú, donde sus Congresos son legales y legítimos, estamos en Venezuela, con una Asamblea Nacional inhabilitada en el ejercicio de sus funciones y una Asamblea Nacional Constituyente, creada con la supuesta intención de dirimir los conflictos políticos, que a casi un año de su instalación no ha realizado la supuesta labor de reformar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es una institución que no representa los diferentes sectores del país siendo rechazada nacional e internacionalmente. De tal manera que, sigue en entredicho lo que esta ANC promulgue o decrete, incluida una reforma Constitucional o una nueva Constitución, que en cualquier caso tendría que ser sometida a referendum. Es por esto que no todas las feministas ni los grupos de mujeres hemos acompañado a las compañeras en su propuesta ante la ANC y hay que reconocer que, lamentablemente, la visión del Estado venezolano, del contexto de país y de las estrategias nos divide, no así la agenda feminista ni la agenda por los derechos de las mujeres.

La labor de las compañeras al colocar el debate sobre la legalización del aborto en la ANC y además en la agenda pública, en los medios de comunicaciones nacionales e internacionales, en las redes sociales y en otros espacios, es, en sí misma, favorable a la causa de las mujeres. Pero este debate no puede ser descontextualizado, es preciso ubicarlo en nuestra realidad actual y en la dimensión de la crisis.

Volviendo a nuestras preguntas ¿Es pertinente debatir sobre el aborto hoy en día en Venezuela? ¡¡Sin duda alguna!! Pero hay que debatirlo a la luz de los retrocesos que en materia de derechos de las mujeres que estamos viviendo hoy día en el contexto de emergencia humanitaria y con un gobierno autoritario. Y ante la pregunta ¿Es conveniente legalizar el aborto en la Venezuela de hoy? Ese es el objetivo último, pero en ningún caso es legalizar en materia de aborto de manera aislada, son indispensables la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a servicios de planificación familiar, todo con la finalidad de minimizar los embarazos no deseados y finalmente, legalizar el aborto para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a no  morir por causas vinculadas al  embarazo y el parto. Todo junto, no por partes,  para que en definitiva, como dice Martha Rosenberg, feminista y psicoanalista argentina, las mujeres tengamos garantizado el ejercicio de  la ciudadanía y de nuestros derechos acorde a nuestra especificidad sexual y reproductiva.

Magdymar León Torrealba

[1] https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-text-cp.html

[2] Red de Población y Desarrollo Sustentable, RedPob, 2001 Los Derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución Venezolana. Testimonios de un debate. Caracas: FNUAP/UNFPA

[3] Recomendaciones del Comité de la CEDAW (2014)  y el Comité de Derechos Económicos y Sociales (2015)

[4] En http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9232.pdf?view=1

[5] https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ENCOVI-2017-presentaci%C3%B3n-para-difundir-.pdf

[6] https://avesawordpress.wordpress.com/2017/11/11/mujeres-al-limite-el-peso-de-la-emergencia-humanitaria-vulneracion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres/

[7] https://laradiodelsur.com.ve/feministas-abriran-debate-en-la-anc-sobre-despenalizacion-y-legalizacion-del-aborto/

[8] http://albaciudad.org/2018/06/derecho-palabra-anc-despenalizacion-aborto/

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE NECESITAN PROTECCIÓN INMEDIATA

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que suscribimos el siguiente comunicado, varias de ellas con extensa trayectoria en la atención de niños, niñas y adolescentes que no cuentan con la protección de sus padres y familiares, nos hemos articulado para pronunciarnos ante la opinión pública en relación al contenido del reportaje publicado el día 27 de marzo de 2018, por el medio de comunicación digital El Nuevo Herald (@elnuevoherald), denominado “Pandillas de niños usan armas para asegurar la comida que dejan en la basura de Caracas” y firmado por Eduardo Freisler. Adicionalmente, el mencionado artículo fue replicado por otros medios de comunicación, los cuales utilizaron títulos como “En Caracas niños usan armas para resguardar la comida que hay en la basura” y “Caramelo, jefa de la pandilla que gobiernan los basureros de Chacao”, de manera que, tanto otros medios de comunicación social como -tuiteros- aprovecharon el contenido de la nota para reseñar al grupo de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle en el municipio Chacao del estado Miranda.
En nuestra opinión, el artículo llama la atención sobre un solo asunto que al parecer alertó a su autor, y es el relativo a la presencia de niños que habitan en la calle y que se protegen entre ellos de las pandillas y otros peligros que acechan en los basureros de Chacao y otras zonas del Distrito Capital. Al centrarse solo en este aspecto de las realidades asociadas a la condición de desprotección y violación de derechos que enfrentan estos niños, niñas y adolescentes, desafortunadamente el reportaje es parcial y su contenido puede ser tergiversado o utilizado para asociar con la delincuencia y el delito a esta población, la cual más bien es víctima de múltiples y reiteradas agresiones, violencia y vulneración de sus derechos. Saludamos que los medios de comunicación se interesen en visibilizar la realidad de la infancia que no cuenta con la protección de su familia, pero consideramos que hay preguntas centrales a las que no responde el artículo, entre las que se encuentran: ¿Cuál es la respuesta concreta en cuanto a políticas públicas del Estado venezolano para garantizar la protección debida a niños, niñas y adolescentes que pernoctan en las calles?, ¿qué situación de pobreza, escasez o carestía determina que un ser humano busque el alimento que necesita en los desperdicios arrojados a la basura?, ¿qué circunstancias suceden para que niñas, niños y adolescentes no sigan recibiendo cuidados por sus padres, madres y familiares?, ¿qué servicios y programas ofrece el Sistema de Protección a niñas, niños y adolescentes en esta condición a nivel nacional?, ¿cómo manejan los organismos de seguridad su relación con esta población?, ¿a dónde pueden acudir estos niños para denunciar la vulneración de sus derechos? y ¿qué mecanismos existen para procesar tales denuncias?
Los comunicadores sociales tienen la responsabilidad de garantizar la dimensión ética en su trabajo y sus acciones no pueden poner en riesgo la integridad de las niñas y los niños causándoles daños psicológicos, morales o físicos. Con base a la normativa legal vigente es importante advertir que el texto publicado incumplió con la obligación impuesta en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), al exponer datos personales de las niñas y los niños entrevistados y al presentarlos como sujetos peligrosos, capaces de usar armas y formar parte de bandas territoriales que amenazan a la comunidad, ya que, si éste fuese el caso, lo que corresponde es informar a las autoridades competentes para que se aseguren las medidas de protección y resguardo de la ciudadanía en general y de cada uno de estos niños y adolescentes en particular. La exposición al público de estas presunciones significa una ofensa a la reputación, imagen y honra a la que tienen derecho estas niñas y estos niños y adolescentes. Por lo anterior, es oportuno el momento para reiterar al Estado y a la sociedad que la condición de desprotección en la cual se encuentran los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, no disminuye su capacidad de exigir y gozar de derechos como cualquier otro ciudadano. Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle son Sujetos de Derechos y la sociedad está obligada a ser corresponsable en su protección. Así mismo, el Estado debe velar porque existan planes, políticas, programas, entidades y servicios personalizados y especializados, a nivel nacional, para que las y los menores de edad en situación de calle, desde un enfoque basado en los Derechos del Niño, tal y como lo establecen la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y la LOPNNA, puedan acceder a servicios básicos que les garanticen niveles de bienestar en lo relativo a salud, educación, recreación y deportes, entre otros. Además, el Estado venezolano debe velar porque el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes les ofrezca servicios especializados en la calle, en los que participen profesionales capacitados con un conocimiento sólido de la realidad que afronta esta población.
Conforme a lo antes expuesto:
1) Solicitamos al medio de comunicación social y al periodista responsable de la nota que el reportaje sea completado con un trabajo de investigación que analice en su complejidad el caso expuesto y que, con la consulta a expertos, dé respuesta a las interrogantes supra señaladas.
2) Exigimos de los Gobiernos Nacional, Estadal y Municipal, asumir con prioridad absoluta y desde el enfoque de derechos, el diseño inmediato de una política intersectorial, en cuya construcción participen las organizaciones sociales y comunitarias con experiencia en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, así como la asignación de recursos financieros y no financieros para la ejecución de esa política, en la que debe incluirse un componente de apoyo y fortalecimiento a familias vulnerables.
3) Ratificamos nuestra exhortación para que el Estado, con apoyo de las organizaciones sociales con experiencia en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, sensibilice y capacite a otros interesados que entren en contacto directo o indirecto con los menores de edad en situación de calle, como es el caso de los trabajadores del transporte, los representantes de los medios de comunicación social, los líderes comunitarios, espirituales y religiosos y los agentes del sector privado como centros comerciales, expendios de licores, clubes nocturnos y restaurantes, a quienes hay que alentar a que adopten en sus prácticas la garantía y el respeto a los Derechos del Niño.
4) Alentamos a la sociedad y a las familias a que, convertidos en un gran movimiento por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, exijamos la protección debida para este grupo vulnerable de la población venezolana.
Nota: La imagen que acompaña el presente comunicado fue tomada de la base de datos de Google y pertenece a una serie sobre trabajo callejero infantil hecha en Argentina (2007).
Suscriben el presente comunicado:
1. Acceso a la Justicia
2. Acción Solidaria
3. ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
4. Asamblea de Educación
5. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
6. Asociación Muchachos de la Calle
7. AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
8. Cátedra de la Paz
9. CECODAP
10. CENDIF-UNIMET
11. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
12. Centro de Animación Juvenil, Valera estado Trujillo
13. Centro de Apoyo Comunidad-Universidad, de la Universidad de Carabobo
14. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
15. Civilis Derechos Humanos
16. Coalición Clima21
17. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
18. Convite AC
19. Dale Letra
20. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
21. Fundación Ángeles de Calle
22. Fundación Hazlo Posible
23. Fundación Luz y Vida
24. Hogar Virgen de los Dolores
25. Humano Derecho Radio Estación
26. Instituto Investigaciones Jurídicas UCAB
27. Laboratorio de Paz
28. Misión Hogares de Cristo
29. Observatorio Venezolano de la Salud
30. Observatorio Venezolano de Violencia Escolar
31. Padres Organizados de Venezuela
32. Prepara Familia
33. PROADOPCIÓN
34. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
35. PROVEA
36. Proyecta Ciudadanía
37. Red de Casas Don Bosco
38. Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
39. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
40. Un Mundo Sin Mordaza
41. Una Ventana a la Libertad
42. Unidad de Psicología “Padre Luis Azagra S.J.” del Parque Social UCAB
43. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana

Mujeres al límite El peso de la Emergencia humanitaria: vulneración de los derechos humanos de las mujeres

El presente informe representa un esfuerzo colectivo de AVESA, CEPAZ, Mujeres en Línea y Freya por documentar la situación de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela de cara a la grave crisis económica, política, social y humanitaria por la que atraviesa el país. Por tratarse de un primer ensayo, hemos decidido centrarlo en tres grandes áreas severamente afectadas por la crisis y el serio déficit democrático en las instituciones venezolanas, a saber: salud, alimentación y violencia contra la mujer.

La elaboración de este informe se fundamentó en la revisión documental de fuentes oficiales y no oficiales, así como medios de comunicación. El acceso a información pública en materia de derechos de las mujeres, incluyendo presupuestos asignados y ejecutados, así como cifras relacionadas con problemáticas fundamentales como mortalidad materna, está estrictamente restringido. Y en aquellos casos en los que los datos están disponibles, algunos tienen uno, dos o hasta cinco años de antigüedad, como por ejemplo el Boletín de Género del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cuya versión más reciente data del año 2013.

Los datos disponibles, oficiales o no oficiales, casi nunca están desagregados por sexo, con lo cual se dificulta visualizar la situación particular de las mujeres. Ejemplo de ello son algunos boletines del INE cuyos datos no están desagregados por sexo, señalando que no existen diferencias estadísticas significativas. Igualmente, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborada por las 3 universidades más importantes del país, tampoco presenta datos de fundamental importancia desglosados por sexo.

Los hallazgos aquí presentados dan cuenta de cómo la crisis tiene un impacto desproporcionado y diferenciado sobre la vida de las mujeres, en un contexto donde el Estado venezolano ha optado por ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos. Desde la escasez de anticonceptivos e insumos de higiene menstrual, hasta los numerosos obstáculos existentes para su acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia machista, las mujeres enfrentan numerosos retos en el disfrute pleno de sus derechos más elementales sin que el Estado tome medidas efectivas al respecto.

Mientras la narrativa oficial se ha apropiado de la temática de igualdad de género, mostrándola como un área donde se han producido numerosos avances, la realidad de las mujeres no guarda relación con el mundo idílico que desde instancias gubernamentales se presenta. El desempleo y la pobreza aumenta vertiginosamente entre mujeres, y son ellas quienes mayoritariamente hacen colas por alimentos y recorren farmacias y hospitales en busca de atención y medicinas para ellas mismas y sus familias. Sí bien la adopción de medidas normativas y la creación de un marco institucional son pasos importantes en la garantía y protección de los derechos de las mujeres, en modo alguno son un fin en sí mismo y de poco sirven sí están vacías de contenido. En otras palabras, tener instituciones y leyes pioneras en materia de derechos de las mujeres es insuficiente si desde ellas, o a partir de ellas, no se emprenden acciones efectivas, acompañadas de recursos humanos y financieros que permitan su plena implementación.

Finalmente, quisiéramos agradecer a organizaciones e individualidades aliadas por el apoyo con cifras e información en la elaboración de este informe. En particular, las organizaciones Senosalud y Musas de Venezuela por los datos aportados sobre situaciones puntuales de salud en mujeres. También agradecemos a Susana Raffalli por su guía y apoyo en lo referente a la nutrición y alimentación desde una perspectiva de género. Y desde luego a la organización CIVILIS por su confianza y apoyo a nuestras organizaciones a fin de producir este trabajo.

Acá pueden consultar el informe completo  Mujeres al limite

POR LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CASO DEL PSICÓLOGO CARLOS ORTIZ MORA. Comunicado a la opinión pública y a las instituciones del Estado

El Estado venezolano ha tenido avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres durante los últimos años. La promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV) y la creación de diferentes instancias en el sistema de justicia del país, han favorecido el reconocimiento social de la violencia contra las mujeres como un delito que debe ser denunciado. No obstante, persisten una serie de fallas en materia de prevención y trabas en el acceso de las mujeres y adolescentes víctimas a la justicia y al restablecimiento de su dignidad, particularmente de aquellas que han sido objeto de violencia sexual. Estos obstáculos están vinculados a: la no respuesta, rápida, transparente y eficaz a la que están obligadas las instituciones del Estado, según el artículo 2, numeral 1, de la LODMVLV; la persistencia de mitos y falsas creencias en torno a la dinámica y las formas de violencia sexual en quienes deben brindar apoyo a  las víctimas y canalizar los casos; y, a un sistema de administración de justicia que en la práctica sigue revictimizando a las mujeres, con algunos profesionales que insisten en legitimar interpretaciones positivistas de la ley tendientes a preservar el “orden jurídico” por encima de los derechos de las víctimas de violencia sexual,  favoreciendo con estos ardides y tecnicismos a los perpetradores de delitos tan graves, con lo que se ocasiona un grave impacto en el proceso de recuperación de las víctimas y en su acceso a la justicia. Reconocemos el esfuerzo que se está haciendo desde las instituciones del Estado a los fines de erradicar toda forma de violencia, sin embargo, deben concretarse acciones contundentes para lograr la protección y seguridad de las víctimas de violencia sexual, así como procurar que la confianza y respuesta eficaz en nuestras instituciones, sigan siendo un objetivo importante en el camino a una vida libre de toda forma de violencia.

Es preciso recordar algunos casos emblemáticos de violencia sexual para ejemplificar estas trabas:

  • Caso Luis Carrera Almoina, hijo del Dr. Gustavo Carrera Damas, para ese momento Director de la Universidad Nacional Abierta, acusado en el 2001 de homicidio calificado en grado de frustración, violación, privación ilegítima de libertad, tortura y obstrucción de la justicia, en contra de Linda Loaiza López. Obtiene en sentencia absolutoria el 2004, luego de tres años de retardo procesal, con una muy cuestionada decisión de la magistrada Rosa Cádiz en la que la propia víctima resultó acusada de liderar una red de prostitución. Un segundo juicio es realizado en 2006, obteniéndose una condena a seis años y un mes de cárcel por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, desestimándose los cargos de homicidio calificado en grado de frustración y la violación sexual. El llamado “Monstruo de los Palos Grandes” se encuentra libre desde el 2007. El caso se encuentra en los actuales momentos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a la espera de justicia.
  • Caso Edmundo Chirinos, médico psiquiatra, psicólogo, exrector de la Universidad Central de Venezuela y excandidato presidencial, acusado en el 2008 de homicidio intencional en contra de Roxana Vargas. Dentro del proceso de investigación se identifican 1.200 fotos de pacientes de mujeres desnudas que fueron abusadas sexualmente por el médico psiquiatra en su propio consultorio. Chirinos fue sentenciado a 20 años de prisión, encontrándolo culpable del delito de homicidio culposo, los delitos sexuales fueron desestimados. En el caso de Chirinos no fue posible conocer el número exacto de víctimas sexuales. Previo a la denuncia por el caso de Roxana Vargas sus delitos sexuales no eran reconocidos como tales por la comunidad académica, gremial y política del país. Podemos presumir que algunas de las victimas buscaron ayuda pero sus solicitudes no fueron debidamente escuchadas.
  • Caso Manuel Arias, médico ginecólogo, exdirector del Servicio de Adolescentes de la Maternidad Concepción Palacios y exmiembro de la Directiva de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, acusado en el 2013 de acto carnal con victima especialmente vulnerable en contra de una adolescente de 17 años, siendo sentenciado a 15 años. Sin embargo, en los actuales momentos se encuentra fuera de prisión, por haber sido beneficiado desde diciembre 2016 con medida sustitutiva de privación de libertad (contraviniendo la Sentencia de la Sala Constitucional Nro. 14-0130 del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual las personas sentenciadas por este tipo de delito no pueden beneficiarse de estas medidas) y a la espera de un nuevo juicio por recurso de casación, amparándose en tecnicismos legales que le han favorecido.

Este año estamos ante un nuevo caso, el del psicólogo Carlos Alberto Ortiz Mora, profesor de prestigiosas universidades del país -Universidad Central de Venezuela, Universidad José María Vargas y Universidad Católica Andrés Bello-, jefe de la División de Evaluación y Diagnóstico Mental Forense del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz; quien es denunciado ante el Ministerio Público en junio del 2017 por violencia sexual en contra de una adolescente de 17 años. Se conoce que dentro del proceso de investigación se han identificado otras víctimas, adolescentes y mujeres, que han sido sus alumnas y pacientes, de las cuales tres se han sumado a la denuncia. Estamos en el caso en el cual, un nuevo profesional ubicado en una posición de prestigio académico e institucional, es denunciado por violencia sexual en contra de varias víctimas.

Ante este nuevo caso emblemático, las personas, agrupaciones, colectivos de mujeres, así como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes y de derechos humanos abajo firmantes, reiteramos lo siguiente:

  1. La violencia sexual constituye una vulneración de derechos y una ofensa a la dignidad humana que demuestra la relación de poder históricamente desigual entre hombres y mujeres.
  2. La violencia sexual es un delito que debe ser debidamente sancionado y rechazado por todos los sectores de la sociedad.
  3. Los delitos de violencia sexual tipificados en la LODMVLV pueden ser denunciados por la víctima, pero también por cualquier persona o institución que esté en conocimiento de los hechos. El Ministerio Público es la institución calificada para llevar a cabo el proceso de investigación, de manera que no es preciso que ninguna persona o institución determine la ocurrencia o no del delito. Determinar la veracidad o no de los hechos denunciados es potestad del Sistema de Justicia.
  4. Cualquier institución pública o privada que conozca o sea informada de algún tipo de delito sexual deberá canalizar y acompañar a la víctima en la presentación de la denuncia ante los organismos competentes. Así como prestar todo su apoyo al sistema de justicia para el esclarecimiento de los hechos.
  5. Toda persona es inocente hasta tanto se determine su culpabilidad; así mismo, se presume la buena fe de quien coloca una denuncia. Ambas premisas son válidas en los casos de violencia sexual. Así, partiendo de la presunción de la buena fe de quien denuncia violencia sexual, es preciso canalizar la respectiva denuncia ante los órganos receptores. Nuestra valoración o creencias personales sobre la violencia sexual deben mantenerse al margen.
  6. Es necesario adoptar mecanismos eficaces para colocar en los órganos receptores de denuncias personas que estén realmente concientizadas, con las herramientas teóricas y prácticas para la desconstrucción del patriarcado que es la única manera que nos llevará a una vida libre de toda forma de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes. Además se requiere crear servicios de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual adaptados a sus necesidades, como servicios forenses o de policía.
  7. Es imperante que todas las instituciones de salud, públicas y privadas, revisen y ajusten sus mecanismos de prevención, detección y atención de delitos sexuales, así como los procedimientos de acompañamiento a las víctimas de violencia sexual, ajustados al ordenamiento jurídico nacional y den respuesta a las necesidades de atención médica, psicológica y social de las personas afectadas y sus familiares. Es igualmente necesario que se tomen medidas especiales de evaluación (inicial y periódica) de quienes tengan a su cargo la atención de víctimas de violencia sexual, y extremar esas precauciones en los servicios que sean dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
  8. Es preciso que las instituciones gremiales desarrollen mecanismos de prevención, detección, investigación y sanción de profesionales agremiados que estén siendo sometidos a investigaciones, procesados o juzgados por delitos sexuales, particularmente cuando estos son cometidos en el ejercicio de sus funciones, tal y como como ha ocurrido en los casos emblemáticos ya señalados. Toda vez que, la presunción de inocencia tiene rango constitucional y deben garantizarse todos los derechos humanos y garantías procesales del profesional o agremiado procesado, consideramos que la ética y la responsabilidad profesional no puede estar supeditada a la demostración de un hecho punible, porque precisamente ampararse en tal justificación es un “acto omisivo” que genera impunidad y como profesionales agremiados no podemos permitir ser “cómplices por omisión” ya que la protección y acompañamiento a las victimas también tiene rango constitucional.
  9. Exhortamos a la Universidad Central de Venezuela, específicamente la Escuela de Psicología donde fue denunciado el profesor Carlos Ortiz Mora, para que actualicen sus procedimientos internos de carácter administrativo a los fines de dar respuesta a las estudiantes o estudiantes que denuncien la comisión de delitos y vulneración de sus derechos humanos, y fortalezcan los servicios de prevención, atención, acompañamiento, protección, seguridad; y si es preciso la defensa jurídica a las victimas dentro y fuera de sus instalaciones o con motivo del acto educativo. Consideramos que la respuesta de repudio debe ser contundente en todos los niveles de gobierno universitario.
  10. Exhortamos al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), para que evalúe y haga seguimiento al personal a su cargo y genere mecanismos de erradicación de la violencia en todas sus formas en el servicio que presta. Y expresamos la honda preocupación que nos genera el que en esta institución haya sido separada de su cargo una persona por colaborar con la investigación del CICPC ante este caso.
  11. Exhortamos al Tribunal Supremo de Justicia, en su comisión Nacional de Justicia de Género, para que haga valer la selección y formación adecuada del personal que labora en los Tribunales especializados de Violencia contra las Mujeres, y que establezca mecanismos eficaces para cumplir con la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las Mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y con nuestra normativa. Todo esto con miras a que nuestras sentencias judiciales vindiquen y reivindiquen el derecho a una vida libre de violencia de nuestras mujeres y adolescentes víctimas.
  12. Nos solidarizamos con el personal de salud, del sistema de administración de justicia, de la Institucionalidad de las mujeres en todos los niveles de gobierno, y de las organizaciones de la sociedad civil que todos los días hacen un esfuerzo por hacer cumplir las leyes y normas, haciendo la desconstrucción del patriarcado, desmontando mitos y falsas creencias inoculadas por ese sistema sociocultural, en función de prevenir, atender, recuperar y erradicar la violencia sexual en todas sus formas, como una manera de lograr la igualdad entre las personas.
  13. Desde la sororidad, abrazamos amorosamente a todas las víctimas de violencia sexual sin ningún tipo de distinción. Están presente en nuestra lucha feminista y cuenten con nuestro activismo, para lograr que sean dignificadas y su voz sea escuchada en todas las instancias.

Finalmente, nos solidarizamos y brindamos todo el apoyo a las mujeres y adolescentes que están al frente de la denuncia en contra del psicólogo Carlos Ortiz Mora. Ofrecemos también nuestro apoyo a otras posibles víctimas que hasta ahora se hayan sentido temerosas de declarar, o presionadas para no hacerlo. Estaremos vigilantes al proceso que desde el sistema de justicia se ha emprendido y no descansaremos hasta ver justicia y sentar precedentes importantes en pro de la dignidad de las mujeres y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Agrupaciones, Colectivos y Organizaciones:

  1. Acción Ciudadana Contra el SIDA – ACCSI
  2. Aliadas en Cadena
  3. Asociación Civil de Planificación Familiar – PLAFAM
  4. Asociación Civil Generación en Red
  5. Asociación Civil Centro de Desarrollo Integral Sucre
  6. Asociación Civil Saber es Poder – ASOSABER
  7. Asociación Civil Oportunidad – Oportunidad AC
  8. Asociación Larense de Planificación Familiar – ALAPLAF
  9. ASOVILUZ
  10. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa – AVESA
  11. Centro de Estudios de la Mujer UCV
  12. Centro Hispanoamericano para la Mujer FREYA
  13. Centro Justicia y Paz – CEPAZ
  14. Confluencia de Mujeres para la Acción Pública – Colombia
  15. Colectiva de Batucada Manada Roja
  16. Colectivo Feminista por el Derecho al Placer – Bunke Placer
  17. Colectivo La Nueva Casika
  18. Colectivo Tinta Violeta
  19. Colegio de Psicólogos del Estado Miranda
  20. Cosecha Feminista Cimarrón
  21. Ejército Comunicacional de Liberación
  22. Equivalencias en Acción
  23. GUNDRECI
  24. Federación Latinoamericana de Abogadas
  25. Fundación Vida Jurídica “Diyuly Chourio”
  26. FUNDAMUJER
  27. Juventud Unida en Acción
  28. Laboratorio de Ecología Política – Centro de Estudios de la Ciencia – IVIC
  29. Las Comadres Púrpuras
  30. Las Hijas de Eva
  31. Médicos del Mundo Venezuela
  32. Movimiento de la Juventud Izquierda Consciente – MJIC
  33. Movimiento Estudiantil Revolucionario de la Universidad Simón Bolívar – MERUSB
  34. Movimiento SOMOS
  35. Mujeres con Voluntad – Mujeres VP
  36. Mujeres en Línea
  37. Mujeres Migrantes
  38. Mujeres por la Vida
  39. Mujeres por los Derechos – MUDERES
  40. Mulier
  41. Pastoral Universitaria
  42. Prepara Familia
  43. PROENA
  44. Psicólogos Sin Frontera Venezuela
  45. PSICORAIMA
  46. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
  47. Observatorio Venezolano de Prisiones – Coordinación Mérida
  48. Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru
  49. RedCA
  50. Red de Colectivos La Araña Feminista
  51. Red de Información por el Aborto Seguro – RIAS
  52. Red Latinoamericana de Zürich
  53. Red Sindical de Mujeres
  54. Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes – REDDHNNA
  55. Unión Afirmativa
  56. Unión Mexicana Suiza
  57. Voces Vitales Venezuela
  58. Voces de Género Venezuela

Adicionalmente suscriben 253 personas.

Para acceder al comunicado completo ver: Comunicado Carlos Ortiz Mora. Con adhesiones

Promoción del ejercicio responsable de la sexualidad en la adolescencia

En AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, entendemos la sexualidad como una realidad específicamente humana que va más allá de la visión restringida que la reduce a la anatomía y funcionamiento genitales (AVESA; 2002). La sexualidad está vinculada al cuerpo, sin duda, pero también está moldeada por la cultura, la etnia, el grupo etario y el género; así, la sexualidad no es un simple hecho de la naturaleza, sino el resultado de una historia sociocultural e individual. Al decir de Michel Foucault (1977), la sexualidad no debe entenderse como un supuesto natural ni como un terreno oculto, la sexualidad es el nombre que se da a un concepto histórico.

Lamentablemente, nuestra cultura occidental está marcada por una visión simplista, moralista y persecutoria de la sexualidad que no contribuye a la construcción de comportamientos autónomos y responsables en este campo. Todo lo contrario, esta visión problematizada de la sexualidad, es la que contribuye a la generación de graves problemas sociales y de salud pública como son los altos índices de embarazo no deseado en la adolescencia y de infecciones de transmisión sexual, los abortos inseguros, las muertes maternas vinculadas al aborto, la violencia sexual, crímenes vinculados con el estigma y la discriminación a personas LGBTI, entre otros.

La autonomía en el campo de la sexualidad hace referencia al desarrollo de la capacidad de negociar sexualmente con el otro/a, desde un lugar de equidad (particularmente de género), y no desde posiciones supraordinadas o subordinadas. Implica poder identificar, conocer y dar sentido a las propias necesidades sexuales y buscar formas de satisfacción en el marco del respeto por las propias decisiones.

Una aproximación a la sexualidad adolescente debe pasar por comprender el significado que tiene la misma dentro de nuestro contexto sociocultural; pero además, es preciso deslastrarse de muchos prejuicios, mitos, falsas creencias y estereotipos que tienden a presentar a las y los adolescentes como personas intrínsecamente impulsivas, irresponsables, irreflexivas y proclives al riesgo o la transgresión. Estas ideas, que se sostienen muchas veces de manera desapercibida, pueden generar serios obstáculos e ineficacia en las acciones educativas, informativas o asistenciales que se dirigen a la población adolescente. La adolescencia implica el pasaje de la dependencia a crecientes grados de autonomía, tanto a nivel afectivosexual, como social y económico; y, para la construcción de estas autonomías y de un comportamiento responsable en las y los adolescentes, es necesario generar condiciones que faciliten este proceso.

Para él o la adolescente implica el relacionamiento con el propio cuerpo, su conocimiento, respeto y cuidado, pero, sobre todo, saberse sujeto de derechos en el campo de la sexualidad y las decisiones reproductivas. Esta autonomía y empoderamiento están en la base del desarrollo integral de las y los adolescentes para considerarse personas con capacidad y poder para tomar decisiones. Es importante que las y los adolescentes sean capaces de comprender que la sexualidad no está vinculada sólo con el placer, nuestros cuerpos y la reproducción, sino que está estrechamente vinculada con nuestra salud y nuestras decisiones de vida. Por esto es importante tener la capacidad para tomar decisiones conscientes sobre nuestra sexualidad y reproducción, así como contar con los recursos para llevar a cabo tales decisiones.

La toma de decisiones en la vida sexual favorece el desarrollo de sujetos autónomos, responsables e integrales en otras áreas de la existencia y contribuye a la construcción de ciudadanías.

Magdymar León Torrealba

Poder y coerción en la base de la violencia sexual en contexto de represión política

La violencia sexual es, en términos generales, el ataque o la invasión a la sexualidad y al cuerpo de una persona, generalmente mujer, dentro de una relación de poder donde no existen iguales que consienten; es una relación dispar, hay quien detenta el lugar de poder y quien se encuentra en el lugar de subordinación.

Esta relación de poder que existe entre víctima-victimario puede estar dada por diversos factores, por ejemplo, por la superioridad en edad o por la fuerza física de quien agrede, por su poder económico o político, por el uso de armas, por pertenecer a un grupo o por representar una figura de autoridad para la víctima; son muchos los factores que demarcan las diversas relaciones de poder que puedan existir en determinado momento.

La mayoría de las veces este poder se expresa en forma coerción, es decir, en forma de presión o amenaza de violencia, para forzar una conducta o un cambio de voluntad. Hay que decir además, que esta presión o amenaza puede ser tácita o explicita y no siempre se requiere la aplicación de la fuerza física directa para imponer el poder, no es necesario, la coerción en sí misma genera represión, restricción o inhibición.

Se puede afirmar que existen tantos contextos de coerción en los que se pueden presentar la violencia sexual como formas de relación de poder existen, siendo el contexto de represión política por agentes del Estado uno más de estos. La figura de una persona uniformada portando un armamento ante una persona civil es, en sí misma, un elemento intimidante, además, el poder está de su lado, la persona está armada y es “la autoridad”. Si a esto le sumamos algún gesto, frases o comportamiento que denote presión o amenaza y nos encontramos, por ejemplo, en un lugar de detención, tenemos un ambiente completo de coerción.

Es preciso enfatizar que, en los casos de violencia sexual durante detenciones, el ambiente de coerción creado por la detención en sí anula la posibilidad de un consentimiento genuino al contacto sexual por parte de la víctima. La violencia sexual en el contexto de represión política no está motivada por un deseo sexual del victimario hacia la víctima, obedece a la voluntad de destruir el tejido social y familiar de una comunidad determinada. Los cuerpos de las víctimas se convierten en transmisores de mensajes de humillación, control y poder.

La violencia sexual en el contexto de represión política opera en 2 dimensiones, una dimensión individual dirigida a someter a la víctima mediante el terror de los actos sexuales; y una dimensión colectiva, que busca humillar a toda la comunidad “enemiga” y no sólo a la víctima.

LA VIOLENCIA SEXUAL ES EL MEDIO PARA TRANSMITIR UN MENSAJE DE HUMILLACIÓN Y PODER QUE BUSCA ROMPER EL TEJIDO COLECTIVO Y SOLIDARIO, CONTROLAR, INTIMIDAR E IMPLANTAR LA IMPUNIDAD Y TRANSFORMAR LA POBLACIÓN

Magdymar León Torrealba – Psicóloga Clínica, feminista, coordinadora ejecutiva de AVESA

 

Violencia sexual en el contexto de represión política – Algunos datos de la prensa nacional

Haciendo un seguimiento a los casos de violencia sexual en contra de manifestantes y/o personas detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas sociales que vienen ocurriendo en el país y que han sido reportados en la prensa nacional entre el 1ro de abril y el 11 de julio, en AVESA hemos encontrado lo siguiente:
·         Se encontró un total de 6 noticias sobre delitos sexuales, todas del diario El Nacional, con 25 víctimas, 14 mujeres (56%) y 11 hombres (44%).
·         El tipo de delitos sexual con mayor número de víctimas de acuerdo a estas noticias fue la exposición a la violencia sexual, en un 60% de los casos (9 hombres y 6 mujeres), bien sea por exposición a la violación sexual o al intento de la misma.
·         A este delito le siguen los tocamientos reportados por un 20% de víctimas, luego está la violación sexual en 16% de los casos (2 hombres y 2 mujeres) y finalmente, el intento de violación sexual, reportado por una sola victima femenina que representa el 4% del total.
·         El 64% de estos delitos fueron reportados en el estado Aragua (11 hombres y 5 mujeres), el 32% en el Distrito Capital (8 mujeres) y el 4% (1 victima femenina) en Miranda.
·         En cuanto a la institución del Estado involucrada en los delitos señalados tenemos a la Policía Nacional Bolivariana en el 68% de los casos (10 hombres y 7 mujeres), seguida de PoliAragua con 20% de los casos (5 mujeres) y en tercer lugar, la Guardia Nacional con 12% de casos, 1 hombre y 2 mujeres.
·         Solo en una de las noticias se hace referencia a la iniciación del proceso de investigación del delito denunciado
Para concluir, es importante señalar que de acuerdo a información de defensores y defensoras de derechos humanos expresada en reunión  realizada en AVESA el día 30 de junio de 2017, el 100% de las personas detenidas que ha expresado haber sido víctima de alguna forma de violencia sexual, pero no todas formalizan la denuncia bien sea para evitar una mayor humillación pública y/o porque consideraban que nadie sería sancionado.

AVESA- Julio 2017

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