La Ola Verde del aborto legal en Venezuela

En este año 2018, la discusión sobre el aborto se ha avivado a nivel mundial gracias al referendun por la liberalización del aborto en Irlanda el 25 de mayo y la legalización del aborto en la Cámara de Diputados del Congreso de Argentina el 14 de junio. En Latinoamérica, el triunfo de las compañeras argentinas ha potenciado campañas y acciones por el aborto legal en diferentes países de la región en lo que se ha denominado “La Ola Verde”, que por supuesto ha llegado a Venezuela.

Hay elementos comunes en el debate por la despenalización/ legalización del aborto que tocan principios democráticos fundamentales como la libertad de conciencia, el laicismo y los derechos humanos, la ciudadanía de las mujeres, entre otros, que son aplicables en los diferentes contextos; sin embargo, es preciso considerar la norma jurídica y la realidad de cada país. Veamos cómo es la cosa acá, en Venezuela.

Comencemos por la situación legal del aborto, el Código Penal vigente (elaborado en 1915 y con última reforma en el 2005) en su capítulo IV prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto para salvar la vida de la parturienta (aborto terapéutico, artículo 435) y disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor (aborto honoris causa, artículo 436)[1]. Esto quiere decir que no está despenalizado ni mucho menos legalizado el aborto en casos de embarazos producto de violación sexual, ni de incesto, ni de malformación congénita del feto. El aborto es un delito que se castiga con prisión de seis meses a dos años a la mujer que se lo practica, y de uno a tres años a quien lo ejecuta. Con esto, estamos en la cola de la región con una de las legislaciones más restrictivas en materia de interrupción voluntaria del embarazo, lo que tiene importantes implicaciones para los derechos, la salud y la vida de las mujeres.

Es preciso explicar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no incluye  la inviolabilidad de la vida ni la protección del feto desde el momento de la concepción[2]. El artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a  la vida es inviolable, pero no afirma que esto sea desde la concepción. Lo que sí está protegido es la maternidad decidida libre y responsablemente desde el momento de la concepción, que no es mismo que proteger al embrión o feto desde la concepción (artículo 76). Por su parte, el artículo 59 garantiza la libertad de religión y de culto, con énfasis en que nadie podrá invocar creencias religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otra persona el ejercicio de sus derechos.

De acuerdo a esto es el Código Penal, y no la Constitución, la norma que en definitiva penaliza el aborto y que constituye la piedra de tranca para su posterior legalización. De hecho, luego de la aprobación de la constitución en 1999, los esfuerzos de las feministas venezolanas se han encaminado hacia ese objetivo, despenalizar el aborto en el Código Penal bien sea a través de reformas o de un nuevo Código Penal; sólo en el 2007 y hoy en el 2018 se han desarrollado iniciativas de modificar la Constitución, la primera no dio resultado y sobre la iniciativa actual comentaré más adelante.  Con todo, el objetivo de flexibilizar la norma que penaliza el aborto obviamente no se ha logrado y tenemos los mismos artículos desde hace más de un siglo.

Vale destacar que, al menos dos Comités de Naciones Unidas[3] le han recomendado al Estado venezolano en diferentes oportunidades flexibilizar la norma que penaliza el aborto y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo[4], suscrito por Venezuela, insta a los Estados a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos” (párrafo 42 del Consenso). En ninguno de los casos el Estado venezolano ha cumplido.

Pasemos ahora al contexto. Aquí la situación no puede estar peor. Estamos en una emergencia humanitaria compleja, con un régimen autoritario y unas instituciones del Estado, severamente deterioradas unas y cuestionadas otras. Las vulneraciones de derechos humanos están a la orden del día y la pobreza está arropando al 87% de la población de acuerdo a la Encuesta sobre Condiciones de vida (ENCOVI)[5]. En este contexto, las mujeres sufren un impacto diferenciado reflejado en diversos aspectos de su vida, pero sobre todo en el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos tal y como lo documentan AVESA-CEPAZ-FREYA y Mujeres en Línea el Informe del 2017, “Mujeres al Límite. El peso de la Emergencia Humanitaria: vulneración de los derechos humanos de las mujeres”[6]

Hoy, junio del 2018, las venezolanas no tienen garantizados, el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y parto; el derecho a la educación sexual integral; a obtener información en salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos de planificación familiar; a servicios adecuados de atención de salud que permitan los embarazos y partos sin riesgos; a la autonomía reproductiva; y por sobre todo, los derechos a la vida y la salud. Sólo tres indicadores -reseñados en el informe Mujeres al Límite- bastan para dan cuenta de esta realidad: 1) la escasez progresiva y cada vez más aguda de métodos anticonceptivos de todo tipo que ha sido calculada por la Federación Farmacéutica en un 90%, que se una a una cobertura aproximada del 2% por parte del Estado de acuerdo a la Memoria y Cuenta del MPPS de 2015; 2) aumento en un 65% de las muertes maternas para el 2016 de acuerdo a los Boletines Epidemiológicos del MPPS, muchas de estas muertes vinculadas al abortos inseguros; y 3) para el año 2012 – estadística oficial más reciente – los bebés nacidos vivos de adolescentes entre 15 y 19 años alcanzaron el 22%, y en mujeres menores de 15 años fue de 1,2%. No hay nada en el contexto del país que indique que, al día de hoy, estos indicadores hayan disminuido, todo lo contrario, al agudizarse la emergencia humanitaria compleja, las cifras tienden a empeorar.

La dura realidad detrás de todo esto es que, la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres venezolanas van en franco retroceso, los derechos que están reconocidos constitucionalmente y lo establecido en la Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva del año 2003, reformada en el 2013, no se están aplicando. El Estado no está garantizando el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos a la mujeres, y, hay que decir que tampoco a los hombres; pero, como lo ha reconocido el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación de la Mujer en la legislación y en la práctica de Naciones Unidas, “la denegación de acceso a los servicios de salud esenciales con respecto a la interrupción del embarazo, los anticonceptivos, el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y el tratamiento de la infecundidad tiene consecuencias particularmente graves para la salud y la vida de las mujeres”.

Así las cosas, surgen muchas interrogantes ¿Es pertinente debatir sobre el aborto hoy en día en Venezuela? ¿Es conveniente legalizar el aborto en la Venezuela de hoy? ¿Cómo montarnos las feministas venezolanas en la Ola Verde?

Comenzando por la última pregunta es preciso destacar que las feministas ya están montadas en la ola. El 20 de junio  la Red de Información Aborto Seguro (RIAS), el Colectivo Tinta Violeta, la Red Araña Feminista y el Frente Cultural de Izquierda, todos grupos adeptos al gobierno del presidente Maduro y al proceso Constituyente actual, han tenido un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y han presentado una propuesta, que de acuerdo a lo reseñado por los medios de comunicación, tiene como punto central la solicitud de modificación del artículo 76 de la Constitución, para que “garantice asistencia y protección integral a la maternidad voluntaria tanto para la continuación como para la interrupción del embarazo”[7]; y también solicitan que se exprese abiertamente la laicidad del Estado venezolano[8], esto es, modificar el artículo 59. Estos colectivos feministas ya habían acudido a la ANC en septiembre del 2017 en el marco del Día por la despenalización el aborto en América Latina y El Caribe.

Lo propuesto por las compañeras feministas sin lugar a dudas mejoraría el texto constitucional, aclarando aún más los términos a favor de la despenalización en el Código Penal y el desarrollo las normas que garanticen su implementación y que vienen a ser la legalización misma.

Pero el asunto no es tan sencillo porque no estamos en Argentina, ni en Irlanda, ni en Chile, ni en Perú, donde sus Congresos son legales y legítimos, estamos en Venezuela, con una Asamblea Nacional inhabilitada en el ejercicio de sus funciones y una Asamblea Nacional Constituyente, creada con la supuesta intención de dirimir los conflictos políticos, que a casi un año de su instalación no ha realizado la supuesta labor de reformar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es una institución que no representa los diferentes sectores del país siendo rechazada nacional e internacionalmente. De tal manera que, sigue en entredicho lo que esta ANC promulgue o decrete, incluida una reforma Constitucional o una nueva Constitución, que en cualquier caso tendría que ser sometida a referendum. Es por esto que no todas las feministas ni los grupos de mujeres hemos acompañado a las compañeras en su propuesta ante la ANC y hay que reconocer que, lamentablemente, la visión del Estado venezolano, del contexto de país y de las estrategias nos divide, no así la agenda feminista ni la agenda por los derechos de las mujeres.

La labor de las compañeras al colocar el debate sobre la legalización del aborto en la ANC y además en la agenda pública, en los medios de comunicaciones nacionales e internacionales, en las redes sociales y en otros espacios, es, en sí misma, favorable a la causa de las mujeres. Pero este debate no puede ser descontextualizado, es preciso ubicarlo en nuestra realidad actual y en la dimensión de la crisis.

Volviendo a nuestras preguntas ¿Es pertinente debatir sobre el aborto hoy en día en Venezuela? ¡¡Sin duda alguna!! Pero hay que debatirlo a la luz de los retrocesos que en materia de derechos de las mujeres que estamos viviendo hoy día en el contexto de emergencia humanitaria y con un gobierno autoritario. Y ante la pregunta ¿Es conveniente legalizar el aborto en la Venezuela de hoy? Ese es el objetivo último, pero en ningún caso es legalizar en materia de aborto de manera aislada, son indispensables la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a servicios de planificación familiar, todo con la finalidad de minimizar los embarazos no deseados y finalmente, legalizar el aborto para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a no  morir por causas vinculadas al  embarazo y el parto. Todo junto, no por partes,  para que en definitiva, como dice Martha Rosenberg, feminista y psicoanalista argentina, las mujeres tengamos garantizado el ejercicio de  la ciudadanía y de nuestros derechos acorde a nuestra especificidad sexual y reproductiva.

Magdymar León Torrealba

[1] https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-text-cp.html

[2] Red de Población y Desarrollo Sustentable, RedPob, 2001 Los Derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución Venezolana. Testimonios de un debate. Caracas: FNUAP/UNFPA

[3] Recomendaciones del Comité de la CEDAW (2014)  y el Comité de Derechos Económicos y Sociales (2015)

[4] En http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9232.pdf?view=1

[5] https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ENCOVI-2017-presentaci%C3%B3n-para-difundir-.pdf

[6] https://avesawordpress.wordpress.com/2017/11/11/mujeres-al-limite-el-peso-de-la-emergencia-humanitaria-vulneracion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres/

[7] https://laradiodelsur.com.ve/feministas-abriran-debate-en-la-anc-sobre-despenalizacion-y-legalizacion-del-aborto/

[8] http://albaciudad.org/2018/06/derecho-palabra-anc-despenalizacion-aborto/

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LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE NECESITAN PROTECCIÓN INMEDIATA

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que suscribimos el siguiente comunicado, varias de ellas con extensa trayectoria en la atención de niños, niñas y adolescentes que no cuentan con la protección de sus padres y familiares, nos hemos articulado para pronunciarnos ante la opinión pública en relación al contenido del reportaje publicado el día 27 de marzo de 2018, por el medio de comunicación digital El Nuevo Herald (@elnuevoherald), denominado “Pandillas de niños usan armas para asegurar la comida que dejan en la basura de Caracas” y firmado por Eduardo Freisler. Adicionalmente, el mencionado artículo fue replicado por otros medios de comunicación, los cuales utilizaron títulos como “En Caracas niños usan armas para resguardar la comida que hay en la basura” y “Caramelo, jefa de la pandilla que gobiernan los basureros de Chacao”, de manera que, tanto otros medios de comunicación social como -tuiteros- aprovecharon el contenido de la nota para reseñar al grupo de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle en el municipio Chacao del estado Miranda.
En nuestra opinión, el artículo llama la atención sobre un solo asunto que al parecer alertó a su autor, y es el relativo a la presencia de niños que habitan en la calle y que se protegen entre ellos de las pandillas y otros peligros que acechan en los basureros de Chacao y otras zonas del Distrito Capital. Al centrarse solo en este aspecto de las realidades asociadas a la condición de desprotección y violación de derechos que enfrentan estos niños, niñas y adolescentes, desafortunadamente el reportaje es parcial y su contenido puede ser tergiversado o utilizado para asociar con la delincuencia y el delito a esta población, la cual más bien es víctima de múltiples y reiteradas agresiones, violencia y vulneración de sus derechos. Saludamos que los medios de comunicación se interesen en visibilizar la realidad de la infancia que no cuenta con la protección de su familia, pero consideramos que hay preguntas centrales a las que no responde el artículo, entre las que se encuentran: ¿Cuál es la respuesta concreta en cuanto a políticas públicas del Estado venezolano para garantizar la protección debida a niños, niñas y adolescentes que pernoctan en las calles?, ¿qué situación de pobreza, escasez o carestía determina que un ser humano busque el alimento que necesita en los desperdicios arrojados a la basura?, ¿qué circunstancias suceden para que niñas, niños y adolescentes no sigan recibiendo cuidados por sus padres, madres y familiares?, ¿qué servicios y programas ofrece el Sistema de Protección a niñas, niños y adolescentes en esta condición a nivel nacional?, ¿cómo manejan los organismos de seguridad su relación con esta población?, ¿a dónde pueden acudir estos niños para denunciar la vulneración de sus derechos? y ¿qué mecanismos existen para procesar tales denuncias?
Los comunicadores sociales tienen la responsabilidad de garantizar la dimensión ética en su trabajo y sus acciones no pueden poner en riesgo la integridad de las niñas y los niños causándoles daños psicológicos, morales o físicos. Con base a la normativa legal vigente es importante advertir que el texto publicado incumplió con la obligación impuesta en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), al exponer datos personales de las niñas y los niños entrevistados y al presentarlos como sujetos peligrosos, capaces de usar armas y formar parte de bandas territoriales que amenazan a la comunidad, ya que, si éste fuese el caso, lo que corresponde es informar a las autoridades competentes para que se aseguren las medidas de protección y resguardo de la ciudadanía en general y de cada uno de estos niños y adolescentes en particular. La exposición al público de estas presunciones significa una ofensa a la reputación, imagen y honra a la que tienen derecho estas niñas y estos niños y adolescentes. Por lo anterior, es oportuno el momento para reiterar al Estado y a la sociedad que la condición de desprotección en la cual se encuentran los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, no disminuye su capacidad de exigir y gozar de derechos como cualquier otro ciudadano. Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle son Sujetos de Derechos y la sociedad está obligada a ser corresponsable en su protección. Así mismo, el Estado debe velar porque existan planes, políticas, programas, entidades y servicios personalizados y especializados, a nivel nacional, para que las y los menores de edad en situación de calle, desde un enfoque basado en los Derechos del Niño, tal y como lo establecen la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y la LOPNNA, puedan acceder a servicios básicos que les garanticen niveles de bienestar en lo relativo a salud, educación, recreación y deportes, entre otros. Además, el Estado venezolano debe velar porque el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes les ofrezca servicios especializados en la calle, en los que participen profesionales capacitados con un conocimiento sólido de la realidad que afronta esta población.
Conforme a lo antes expuesto:
1) Solicitamos al medio de comunicación social y al periodista responsable de la nota que el reportaje sea completado con un trabajo de investigación que analice en su complejidad el caso expuesto y que, con la consulta a expertos, dé respuesta a las interrogantes supra señaladas.
2) Exigimos de los Gobiernos Nacional, Estadal y Municipal, asumir con prioridad absoluta y desde el enfoque de derechos, el diseño inmediato de una política intersectorial, en cuya construcción participen las organizaciones sociales y comunitarias con experiencia en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, así como la asignación de recursos financieros y no financieros para la ejecución de esa política, en la que debe incluirse un componente de apoyo y fortalecimiento a familias vulnerables.
3) Ratificamos nuestra exhortación para que el Estado, con apoyo de las organizaciones sociales con experiencia en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, sensibilice y capacite a otros interesados que entren en contacto directo o indirecto con los menores de edad en situación de calle, como es el caso de los trabajadores del transporte, los representantes de los medios de comunicación social, los líderes comunitarios, espirituales y religiosos y los agentes del sector privado como centros comerciales, expendios de licores, clubes nocturnos y restaurantes, a quienes hay que alentar a que adopten en sus prácticas la garantía y el respeto a los Derechos del Niño.
4) Alentamos a la sociedad y a las familias a que, convertidos en un gran movimiento por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, exijamos la protección debida para este grupo vulnerable de la población venezolana.
Nota: La imagen que acompaña el presente comunicado fue tomada de la base de datos de Google y pertenece a una serie sobre trabajo callejero infantil hecha en Argentina (2007).
Suscriben el presente comunicado:
1. Acceso a la Justicia
2. Acción Solidaria
3. ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
4. Asamblea de Educación
5. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
6. Asociación Muchachos de la Calle
7. AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
8. Cátedra de la Paz
9. CECODAP
10. CENDIF-UNIMET
11. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
12. Centro de Animación Juvenil, Valera estado Trujillo
13. Centro de Apoyo Comunidad-Universidad, de la Universidad de Carabobo
14. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
15. Civilis Derechos Humanos
16. Coalición Clima21
17. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
18. Convite AC
19. Dale Letra
20. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
21. Fundación Ángeles de Calle
22. Fundación Hazlo Posible
23. Fundación Luz y Vida
24. Hogar Virgen de los Dolores
25. Humano Derecho Radio Estación
26. Instituto Investigaciones Jurídicas UCAB
27. Laboratorio de Paz
28. Misión Hogares de Cristo
29. Observatorio Venezolano de la Salud
30. Observatorio Venezolano de Violencia Escolar
31. Padres Organizados de Venezuela
32. Prepara Familia
33. PROADOPCIÓN
34. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
35. PROVEA
36. Proyecta Ciudadanía
37. Red de Casas Don Bosco
38. Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
39. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
40. Un Mundo Sin Mordaza
41. Una Ventana a la Libertad
42. Unidad de Psicología “Padre Luis Azagra S.J.” del Parque Social UCAB
43. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana

Mujeres al límite El peso de la Emergencia humanitaria: vulneración de los derechos humanos de las mujeres

El presente informe representa un esfuerzo colectivo de AVESA, CEPAZ, Mujeres en Línea y Freya por documentar la situación de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela de cara a la grave crisis económica, política, social y humanitaria por la que atraviesa el país. Por tratarse de un primer ensayo, hemos decidido centrarlo en tres grandes áreas severamente afectadas por la crisis y el serio déficit democrático en las instituciones venezolanas, a saber: salud, alimentación y violencia contra la mujer.

La elaboración de este informe se fundamentó en la revisión documental de fuentes oficiales y no oficiales, así como medios de comunicación. El acceso a información pública en materia de derechos de las mujeres, incluyendo presupuestos asignados y ejecutados, así como cifras relacionadas con problemáticas fundamentales como mortalidad materna, está estrictamente restringido. Y en aquellos casos en los que los datos están disponibles, algunos tienen uno, dos o hasta cinco años de antigüedad, como por ejemplo el Boletín de Género del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cuya versión más reciente data del año 2013.

Los datos disponibles, oficiales o no oficiales, casi nunca están desagregados por sexo, con lo cual se dificulta visualizar la situación particular de las mujeres. Ejemplo de ello son algunos boletines del INE cuyos datos no están desagregados por sexo, señalando que no existen diferencias estadísticas significativas. Igualmente, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborada por las 3 universidades más importantes del país, tampoco presenta datos de fundamental importancia desglosados por sexo.

Los hallazgos aquí presentados dan cuenta de cómo la crisis tiene un impacto desproporcionado y diferenciado sobre la vida de las mujeres, en un contexto donde el Estado venezolano ha optado por ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos. Desde la escasez de anticonceptivos e insumos de higiene menstrual, hasta los numerosos obstáculos existentes para su acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia machista, las mujeres enfrentan numerosos retos en el disfrute pleno de sus derechos más elementales sin que el Estado tome medidas efectivas al respecto.

Mientras la narrativa oficial se ha apropiado de la temática de igualdad de género, mostrándola como un área donde se han producido numerosos avances, la realidad de las mujeres no guarda relación con el mundo idílico que desde instancias gubernamentales se presenta. El desempleo y la pobreza aumenta vertiginosamente entre mujeres, y son ellas quienes mayoritariamente hacen colas por alimentos y recorren farmacias y hospitales en busca de atención y medicinas para ellas mismas y sus familias. Sí bien la adopción de medidas normativas y la creación de un marco institucional son pasos importantes en la garantía y protección de los derechos de las mujeres, en modo alguno son un fin en sí mismo y de poco sirven sí están vacías de contenido. En otras palabras, tener instituciones y leyes pioneras en materia de derechos de las mujeres es insuficiente si desde ellas, o a partir de ellas, no se emprenden acciones efectivas, acompañadas de recursos humanos y financieros que permitan su plena implementación.

Finalmente, quisiéramos agradecer a organizaciones e individualidades aliadas por el apoyo con cifras e información en la elaboración de este informe. En particular, las organizaciones Senosalud y Musas de Venezuela por los datos aportados sobre situaciones puntuales de salud en mujeres. También agradecemos a Susana Raffalli por su guía y apoyo en lo referente a la nutrición y alimentación desde una perspectiva de género. Y desde luego a la organización CIVILIS por su confianza y apoyo a nuestras organizaciones a fin de producir este trabajo.

Acá pueden consultar el informe completo  Mujeres al limite

Violencia sexual en el contexto de represión política – Algunos datos de la prensa nacional

Haciendo un seguimiento a los casos de violencia sexual en contra de manifestantes y/o personas detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas sociales que vienen ocurriendo en el país y que han sido reportados en la prensa nacional entre el 1ro de abril y el 11 de julio, en AVESA hemos encontrado lo siguiente:
·         Se encontró un total de 6 noticias sobre delitos sexuales, todas del diario El Nacional, con 25 víctimas, 14 mujeres (56%) y 11 hombres (44%).
·         El tipo de delitos sexual con mayor número de víctimas de acuerdo a estas noticias fue la exposición a la violencia sexual, en un 60% de los casos (9 hombres y 6 mujeres), bien sea por exposición a la violación sexual o al intento de la misma.
·         A este delito le siguen los tocamientos reportados por un 20% de víctimas, luego está la violación sexual en 16% de los casos (2 hombres y 2 mujeres) y finalmente, el intento de violación sexual, reportado por una sola victima femenina que representa el 4% del total.
·         El 64% de estos delitos fueron reportados en el estado Aragua (11 hombres y 5 mujeres), el 32% en el Distrito Capital (8 mujeres) y el 4% (1 victima femenina) en Miranda.
·         En cuanto a la institución del Estado involucrada en los delitos señalados tenemos a la Policía Nacional Bolivariana en el 68% de los casos (10 hombres y 7 mujeres), seguida de PoliAragua con 20% de los casos (5 mujeres) y en tercer lugar, la Guardia Nacional con 12% de casos, 1 hombre y 2 mujeres.
·         Solo en una de las noticias se hace referencia a la iniciación del proceso de investigación del delito denunciado
Para concluir, es importante señalar que de acuerdo a información de defensores y defensoras de derechos humanos expresada en reunión  realizada en AVESA el día 30 de junio de 2017, el 100% de las personas detenidas que ha expresado haber sido víctima de alguna forma de violencia sexual, pero no todas formalizan la denuncia bien sea para evitar una mayor humillación pública y/o porque consideraban que nadie sería sancionado.

AVESA- Julio 2017

Violencia sexual para blog

 

Solicitud de Consultoras/es para Trabajo de Campo

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AVESA SOLICITA CONSULTORES/AS PARA TRABAJO DE CAMPO EN INVESTIGACIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO NACIONAL DEL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Desde el 2013, AVESA y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el apoyo de diferentes organizaciones públicas y privadas del país, han venido trabajando en la unificación de criterios para la adecuada atención del abuso sexual por parte de las diferentes instituciones del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SRNPINNA).

Como parte de este trabajo conjunto, estamos realizando un Diagnóstico Nacional que busca determinar los cuellos de botella que dificultan la debida atención de los casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de los Consejos de Protección. Para este diagnóstico, hemos construido una batería de instrumentos de investigación que ha sido debidamente validada y será aplicada a una muestra de 108 Consejos de Protección de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Esta muestra ha sido dividida en 9 regiones que son:

  • Región Capital, conformada por el Distrito Capital y los estados Vargas y Miranda
  • Región Central, conformada por los estados Aragua, Carabobo y Cojedes
  • Región Los Llanos, conformada por los estados Apure y Guárico
  • Región Centro-occidental, conformada por los estados Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy
  • Región Zuliana, conformada por el estado Zulia
  • Región Los Andes, conformada por estados Mérida, Táchira, Barinas y Trujillo
  • Región Nor-oriental, conformada por los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre
  • Región Insular, conformada por el estado Nueva Esparta y las Dependencias Federales
  • Región Guayana, conformada por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

Es importante señalar que pueden optar a estas consultorías: profesionales, grupos de profesionales y organizaciones. Cada profesional u organización interesada sólo podrá optar a participar en la convocatoria a la consultoría para una sola región.

A continuación, se presentan los términos de referencia para cada una de las consultorías por regiones.

TdR Región Zuliana

TdR Región Llanos

TdR Región Nororiental

TdR Región Insular

TdR Región Centro Occidental

TdR Región Guayana

TdR Región Central

TdR Región Capital

TdR Región Andina

RESPUESTA PÚBLICA DE AVESA A LA MINISTRA BLANCA EEKHOUT GÓMEZ

La presente es una respuesta pública a las invitaciones que nos hiciera la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Rosa Eekhout Gómez, a Mercedes Muñoz presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, y a Magdymar León Torrealba, Coordinadora ejecutiva, “en reconocimiento a nuestra trayectoria como luchadoras por los derechos de la mujer y la igualdad de género”, para asistir el domingo 7 de mayo de 2017, a las 9 am, en el Salón Bicentenario del Palacio de Miraflores, a una reunión “en el marco de una Constituyente Originaria convocada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros…” con el fin de “abordar  aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”.

En AVESA (fundada hace 34 años por Elisa Jiménez Armas) institución pionera en la promoción y defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y los Derechos de la Mujer venezolana, que a todas luces históricamente desde su fundación ha participado de la manera más comprometida en todas las luchas reivindicativas de los Derechos de las Mujeres de nuestro país y la región,  muy especialmente aquellos que se refieren a la obligación del Estado a garantizarles   una vida libre de violencia y con los óptimos estándares de  salud sexual y reproductiva; y dado el momento crítico que vive nuestro país en todos los órdenes, nos sentimos en la obligación de hacer público nuestro rechazo a la convocatoria que nos hiciera la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en nombre del Presidente de la Republica para participar en un evento destinado a la “conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Consideramos que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, -además de ser ilegal puesto que no cumple con lo establecido en la Constitución vigente- no tiene nada que ver con los problemas y necesidades de las mujeres en la actualidad. La mujer venezolana necesita en este momento histórico de profunda crisis que el Estado venezolano realmente garantice el Derecho a la Vida y la Salud (no queremos seguir muriendo debido a causas relacionadas con el embarazo o el parto, por ejemplo); el derecho a la alimentación; el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo.

Por otra parte: el acceso a los métodos anticonceptivos; a los medicamentos para el cáncer de mama, de ovarios o de útero, y a los antiretrovirales. Necesitamos educación sexual para nuestras hijas (no queremos que nuestras hijas sigan pariendo en la adolescencia, o que contraigan una infección de transmisión sexual, o que empiecen el ciclo de la violencia en el noviazgo).

Queremos realmente vivir una vida libre de violencia. Queremos verdadero acceso al sistema de justicia, y a un sistema de justicia eficiente. Las mujeres venezolanas exigimos del Estado las medidas necesarias para que nuestros hijos e hijas no sean víctimas de la inseguridad y la impunidad. Las mujeres venezolanas queremos  junto con nuestros jóvenes ejercer  derecho a la protesta, sin que corramos el riesgo de morir por ello.

Desde  AVESA hemos formado parte del movimiento unitario y masivo de las mujeres que, en su momento y con una agenda única participamos en la Asamblea Constituyente de 1999 y cuyo fruto es la vigente Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. En esa constitución logramos las mujeres, como protagonistas y como movimiento social y sin fracturas (que no quiere decir, sin diferencias, sin discusiones o, sin debate)  establecer a nivel constitucional lo siguiente:

  • El derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios para el ejercicio e ese derecho.
  • Derecho a servicios de planificación familiar basados en valores éticos y científicos.
  • La garantía de igualdad ante la ley.
  • Lenguaje de género en el texto constitucional.
  • Aceptación de las diversas formas de familia y el derecho de todas a recibir apoyo.
  • Consagración de la igualdad de deberes y derechos para el hombre y la mujer en el matrimonio y las uniones de hecho. Reconocimiento jurídico de las uniones estables de hecho.
  • Reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico y la seguridad social para las amas de casa.
  • Derecho a equidad en el salario.

Sin embargo, la consagración de esta plataforma constitucional tan favorable requiere de la definición e instrumentación de políticas públicas sostenidas  y eficientes para  convertirse en una realidad palpable, lo cual a nuestro juicio es materia pendiente.

Con respecto a los derechos de las mujeres y la Constitución lo que realmente nos hace falta es que se respete y se cumpla la Constitución vigente.

Consideramos que la única vía  para enfrentar la crisis que vive Venezuela es constitucional y democrática, tal como está plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente.

 

Mercedes Muñoz                                                     Magdymar León

Presidenta                                                                Coordinadora Ejecutiva

Comunicado a la Opinión Pública en relación a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente

Nosotras, 403 personas y 56 organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes que trabajamos por los derechos de las mujeres rechazamos la convocatoria hecha por Nicolás Maduro para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente en razón a las consideraciones siguientes:

  1. Consideramos que se trata de una maniobra política que desvía la atención del país de la más profunda crisis económica, social, política y moral que jamás haya vivido Venezuela, la cual ha dado lugar a manifestaciones multitudinarias durante las últimas semanas en todo el país, muchas de ellas reprimidas de forma violenta con el lamentable saldo de víctimas fatales, sobre todo de adolescentes y jóvenes, que llenan de luto y dolor a toda la sociedad venezolana. Las demandas y consignas del pueblo venezolano en estas manifestaciones son claras, ninguna de ellas apunta a una reforma constitucional, todo lo contrario, las demandas van dirigidas a cumplir con la constitución vigente y exigir la restitución de derechos vulnerados.
  2. Persiste la ruptura del hilo constitucional generado a partir de las sentencias 155 y 156 dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que, entre otras cosas, anula las actuaciones de la actual Asamblea Nacional, nuestro Poder Legislativo. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente constituye un evidente intento por parte del gobierno de abolir los poderes constituidos, particularmente la Asamblea Nacional, desconociendo la voluntad del pueblo expresado en las urnas electorales en diciembre de 2015, por tanto, deploramos y rechazamos la profundización de la situación de facto originada por las sentencias que se pretende materializar en esta nueva constituyente dirigida a consolidar el proyecto político del gobierno.
  3. Rechazamos categóricamente este nuevo intento por instaurar un Estado comunal en Venezuela, en apego a la voluntad de la mayoría de venezolanos y venezolanas que fue expresada en el referéndum consultivo efectuado en el año 2007 propuesto por el entonces presidente de la república Hugo Chávez Frías;
  4. Más aún, la propuesta de participación “sectorizada” en la elección de las y los constituyentistas es contraria a principios universales de participación en procesos electorales, y convalidaría de hecho un mecanismo de participación abiertamente discriminatorio que dejaría por fuera a la vasta mayoría de electores y electoras. Así, aunque se plantee que la nueva constitución a ser elaborada va a ser sometida a consulta nacional mediante voto universal, directo y secreto, ya, desde su origen, se encuentra viciada.
  5. La solución a los gravísimos problemas del país como el hambre y la falta de medicinas que no se resolverán con una Asamblea Nacional Constituyente. Por el contrario, un proceso como este producirá peligrosas dilaciones en la atención de estas situaciones críticas que se traducirán en más muertes por desnutrición y falta de tratamiento, además de las consecuencias de salud y conflictividad social que ellas conllevan. Estos son los problemas que tienen a la ciudadanía en la calle, demandando respuestas urgentes.

Por ello, apoyamos las demandas del pueblo venezolano y consideramos que un verdadero diálogo, sincero y con condiciones claras, que permitan lograr una salida política inmediata a la crisis y que sirva para la construcción de la paz que tenga como punto de partida:

  • Garantizar al pueblo venezolano el derecho a la manifestación pública y pacífica, con el consiguiente cese de la represión violenta y el uso brutal, abusivo y desproporcionado de las fuerzas públicas.
  • La facilitación de manera prioritaria de un canal de ayuda humanitaria para el suministro de alimentos y medicinas para la población.
  • El restablecimiento de las funciones de la Asamblea Nacional;
  • Y, finalmente, el establecimiento inmediato de un cronograma electoral ajustado a lo previsto en nuestra actual constitución.

¡Las mujeres de Venezuela decimos NO a la Constituyente!

Hecho en Caracas, a los 6 días del mes de mayo de 2017

Para ver el comunicado completo y los nombres de las personas y organizaciones firmantes, puede entrar al siguiente link: Comunicado de las mujeres a la Opinión Pública sobre Asamblea Nacional Constituyente

Ruta de Atención Institucional del Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes

En el 2013, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) con el apoyo técnico y financiero de UNICEF, desarrolló  el proyecto Abordando la violencia sexual y la violencia en el noviazgo en 6 municipios de Miranda, 2 parroquias de Vargas y 2 municipios del área metropolitana de Caracas que tuvo como uno de sus resultados, la construcción de la Ruta crítica de atención institucional del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que muestra gráficamente el proceso que va desde el momento en que se revelan los hechos de una presunta situación de abuso sexual hasta el momento en que se inicia la investigación por parte de los órganos del sistema de justicia.

Este primer producto, representó el punto de partida para la construcción de un instrumento que unificara los criterios en cuanto al manejo de la ruta crítica del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en Venezuela, que puedan ser publicados en un formato amable y accesible a ser distribuido en los diferentes entes con competencia en esta materia.  Por tal motivo, AVESA, nuevamente con el apoyo técnico y financiero de UNICEF desarrolló el proyecto Aportes para la construcción de políticas públicas dirigidas a la prevención y atención del embarazo adolescente y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, que tuvo dentro de sus objetivos, la producción de un documento sobre la Ruta  de Atención Institucional del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, validado por un equipo de expertos y expertas en el tema, y con las respectivas orientaciones para su manejo, a ser empleado por instituciones del Estado y de la sociedad civil.

Para llevar a cabo este trabajo se desarrolló un plan para la validación de esa ruta crítica ya elaborada, construido a partir de los criterios de: correspondencia o pertinencia, claridad, coherencia (continuidad lógica de los pasos), sustento o apoyo del marco legal, suficiencia de artículos que se presentan y diseño gráfico; que sería implementado en mesas de trabajo con un equipo validador.

Este equipo validador estuvo integrado por una  coordinadora, encargada de asegurar el cumplimiento de las actividades en relación con los tiempos previstos y los productos esperados; una facilitadora de validación de la ruta y de las orientaciones; una relatora/sistematizadora para el registro y recopilación organizada del desarrollo de cada mesa de trabajo, asegurando que en cada actividad se contara con las fuentes de verificación y el informe respectivo; y un equipo de personas expertas  representantes de las diversas organizaciones que son parte del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.

Este proceso de validación se realizó a través de cuatro (4) mesas de trabajo con el equipo de expertos y expertas para evaluación de la ruta en función de los criterios de validación establecidos; una (1) mesa de certificación por parte de las organizaciones que participaron en todo el proceso; y un (1) grupo focal dirigido a evaluar la comprensión de la ruta por parte de funcionarios y funcionarias del sistema para la protección de NNA no expertos en el tema, y así incorporar mejoras en la misma.

La Ruta de Atención Institucional del Abuso Sexual de niños, niñas y adolescentes se ha diseñado en un formato tamaño afiche y las orientaciones se presentan en el siguiente documento, que se ha estructurado en tres capítulos:

En el primero se dan conceptos básicos sobre el abuso sexual, considerando su definición, clasificación, indicadores y las fases. El segundo capítulo plantea los aspectos relacionados con el marco jurídico del abuso sexual en el país, finalmente el tercer capítulo contiene los procedimientos para la aplicación de la ruta de atención por parte de las instituciones con competencia en la temática en las dos primeras fases: Fase 1: Identificación y denuncia y Fase 2: Atención y procedimiento de organismos competentes.

Esperamos que tanto la Ruta de Atención Institucional del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, como las orientaciones que a continuación se presentan, sean de beneficio para las instituciones y contribuyan en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes del país.

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Por una maternidad libre!

Se acerca el Día de las Madres, un día para reafirmar el valor que la sociedad le da a la maternidad, a las madres, a un modelo de maternidad que no siempre nos va bien y sobre el cual las mujeres debemos reflexionar y estamos en el derecho de resignificar para nosotras mismas. Aquí algunas ideas para abonar a esta reflexión:

Las mujeres no somos perfectas, por tanto, no podemos ser madres perfectas.

La sociedad nos plantea un modelo de maternidad y de crianza de nuestros hijos e hijas que busca la perfección, la madre perfecta es la madre abnegada, dedicada exclusivamente al cuidado, que se olvida de sí para estar al servicio de los demás, es como una madre de portada de revista o de programa de televisión, nosotras no somos así, somos mujeres de carne y hueso que necesitamos apoyo de nuestra pareja, de nuestra familia y de nuestra comunidad para llevar adelante la crianza de los hijos/as, si nosotras contribuimos al desarrollo de un país dando hijos e hijas, el país también debe apoyarnos en nuestro desarrollo personal y profesional.

Pretender ser madres perfectas nos resta libertad.

Es válido recibir el consejo de nuestras madres, de nuestras suegras, de otras mujeres acerca de cómo ser madres, lo que no es válido es que nos juzguemos entre nosotras y que la maternidad se convierta en una prueba permanente del valor de las mujeres.

Hay tantas formas de maternidad como mujeres hay

Hagamos de nuestra maternidad una creación original que nos identifique, que tenga nuestro sello, que nos permita ser como somos, mujeres reales, con intereses distintos, con habilidades distintas; buscar esa perfección nos resta originalidad, nos resta ser nosotras mismas y a veces, incluso, en ese afán de perfección dejamos de lado la posibilidad de disfrutar el hecho de ser mamá y de disfrutar a nuestros hijos e hijas.

Maternidad no puede ser sinónimo de esclavitud

La maternidad debe ser una experiencia que nos enriquezca y nos de plenitud. La dedicación exclusiva a la maternidad debe ser una decisión libre, no una obligación o una imposición, las mujeres tenemos el derecho a poder compartir la maternidad con otras actividades, bien sea educativas, laborales, recreativas, sociales, etc.

Ser madres no implica dejar de ser mujeres

No somos sólo madres, somos mujeres, somos hijas, somos trabajadoras, somos amigas, somos ciudadanas, somos personas, la maternidad no puede restarnos esas posibilidades. Ser mamá nos da nuevas responsabilidades y nos cambia la vida, pero este cambio debe ser para crecer, no para obstaculizar nuestro desarrollo como personas, no para cumplir con una sociedad o con un deber con la pareja, o con la familia sino porque deseamos serlo, porque deseamos disfrutar de esta posibilidad que nos brindan nuestros cuerpos.

La madre no es la única responsable de la crianza

Tenemos una gran responsabilidad en la crianza de nuestro hijos e hijas, pero no somos las únicas responsables. Los hombres pueden hacerlo y pueden hacerlo muy bien. Las mujeres tenemos el derecho de vivir la maternidad como algo que nos llene de energía, no como algo que nos quite energía, que nos canse, que nos desgaste, para que esto sea posible es imprescindible compartir los cuidados y la crianza de nuestros hijos e hijas.

A muchas mujeres les toca asumir solas esta labor por el abandono de la pareja, pero no es lo que debe ocurrir, la sociedad debe reflexionar sobre esto.

No todas deseamos ser madres

Las mujeres tenemos el derecho a decidir si queremos o no ser madres, en qué momento de nuestras vidas y cuantos hijos e hijas deseamos tener, no estamos obligadas a hacerlo. El Estado debe garantizarnos este derecho y la sociedad debe respetar nuestra decisión. No es real que todas las mujeres recibimos con satisfacción y deseo un embarazo, no es real que poseemos un instinto maternal que nos lleva a ver la maternidad como el principal logro de nuestra vida, no es real que las mujeres vemos la maternidad como la única forma de realización personal.

Este domingo, tomemos un poquito de tiempo para pensar sobre esto….

AVESA